Según el diario, la demanda —la primera de este tipo en ser interpuesta por entidades de Gobierno— se centra en que Trump optó por mantener la propiedad de su negocio después de que asumiera como presidente de EEUU.

Los fiscales Karl A. Racine (demócrata, Distrito de Columbia) y Brian Frosh (demócrata, Maryland) afirman, en particular, que Trump incumplió las numerosas promesas de separar su ejercicio público de los intereses empresariales, en particular, recibiendo informes regulares sobre la situación de su empresa.
"Interponemos la demanda debido a que el presidente no dio los pasos necesarios para apartarse de sus intereses empresariales", dijo Racine citado por The Washington Post.

El medio señala que si un juez federal admite la demanda, los fiscales exigirán antes que nada hacer pública la declaración de la renta de Trump para determinar el volumen de sus transacciones en el extranjero.

Aún así, lo más probable es que, de cobrar impulso, el proceso acabará en la Corte Suprema de EEUU.

Según Frosh, lo esencial del caso es el derecho de todos los estadounidenses "a tener un Gobierno honesto", dijo al referirse a la cláusula de emolumentos extranjeros de la Constitución que prohíbe a los funcionarios estadounidenses a recibir obsequios u otros beneficios de gobiernos extranjeros.

"La cláusula de emolumentos extranjeros exige que el presidente anteponga los intereses de la nación a sus intereses privados", enfatizó el fiscal.

En enero, pasados tan solo tres días de la investidura de Trump el 20 de ese mes, el grupo no gubernamental Ciudadanos para Responsabilidad y Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés) presentó una demanda en un tribunal de Nueva York contra el presidente alegando que sus negocios crean conflictos de interés y violan la Constitución.

Según CREW, los intereses empresariales de Trump "están creando incontables conflictos de interés, así como una influencia sin precedente de gobiernos extranjeros, y han resultado y resultarán en numerosas violaciones" de la cláusula de emolumentos extranjeros.
También los demócratas del Congreso se proponen presentar una demanda por el mismo motivo.

A la vez, el Departamento de Justicia estadounidense sostiene que las empresas de Trump tienen derecho legal a recibir pagos de gobiernos extranjeros mientras esté en el Despacho Oval, y que los desembolsos por bienes y servicios hechos a sus compañías inmobiliarias, hoteleras o de golf no constituyen emolumentos tal y como están definidos por la Constitución.

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