La falta de acuerdo entre Cataluña y el Gobierno central harán aún más compleja la organización de la consulta, a lo que se sumará el hecho de que algunas ciudades catalanas están gobernadas por partidos que rechazan el referéndum.
La situación se volverá más compleja si el Tribunal Constitucional declara ilegal la consulta, como es previsible, por lo que muchos de los funcionarios podrían incurrir en un delito.
Sputnik
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