El ex presidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina, está a punto de cumplir un récord rara vez visto en Centroamérica. Prácticamente todo su gabinete, el núcleo duro de sus ministros durante su etapa como presidente, está encarcelado o en busca y captura. En total ocho altos funcionarios incluido el ex mandatario y su vicepresidenta.

Los últimos en sumarse a tan selecto club son el general Manuel López Ambrosio y Mauricio López Bonilla, ex ministros de Defensa y de Gobernación respectivamente durante los tres años (2012-2015) que duró su mandato.

Ambos fueron detenidos el sábado acusados de haber diseñado una red al estilo del crimen organizado en el que recaudaban dinero para hacer lujosos regalos de cumpleaños al mandatario y su vicepresidenta.

La fiscal general Thelma Aldana detalló que los funcionarios utilizaron "una lógica perversa" para, entre otras cosas, comprar costosos regalos con los que “agradar a los jefes", en referencia a Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, de 2012 a 2014. Entre esos regalos estarían un helicóptero, una lujosa casa en las playas del Pacífico o una lancha, todos comprados con dinero público. En total la fiscal calcula que salieron de las arcas del estado 33 millones de quetzales (unos 4,3 millones de dólares) para pagar dichos regalos.

La red se comportó como las estructuras del crimen organizado.


Según la Fiscalía, se realizaba una especie de "cooperacha" (nombre de la operación) de dinero en efectivo, el cual era recaudado por Juan Carlos Monzón, secretario privado de la entonces vicepresidenta Baldetti, quien decidía el regalo.

Los funcionarios detenidos, acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, actuaban al estilo de las estructuras de delincuencia organizada para garantizarse su permanencia dentro de la jerarquía y su permiso de operación mediante el otorgamiento de dádivas al jefe de la organización, ha señalado en un comunicado la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, ha recalcado que tiene la "certeza" de la "procedencia ilícita" de todo este dinero, ya que los pagos se hicieron a través de "operaciones de lavado" para ocultar el origen y el destino de los fondos. Algunos de los pagos, según ha revelado, se hicieron en cajas o "simulando regalos en bolsas en las instalaciones de las instituciones al frente de las cuales se encontraban".

La Fiscalía de Guatemala ha revelado que la estructura empezó a funcionar en 2007 y que los obsequios no fueron únicamente para el entonces presidente de Guatemala, sino que a Baldetti le regalaron una vivienda de lujo en Honduras, para lo cual recaudaron ilícitamente 500.000 dólares

Además de los detenidos también se han girado órdenes de aprehensión internacional contra Erick Archila y Alejandro Sinibaldi, ex ministro de Energía y ex ministro de Comunicaciones respectivamente, quienes ahora son considerados prófugos de la justicia. Pero la redada no termina ahí. También se ordenó la aprehensión del ex ministro de Defensa, Ulises Anzueto, por su relación con los casos y está acusado Juan de Dios Estrada, entonces secretario privado de Pérez Molina y quien actualmente se encuentra preso por otro caso de corrupción.

La justicia guatemalteca ha vuelto a dar un ejemplo en la región gracias a la colaboración entre la fiscalía general y la CICIG que ha logrado desmontar la estructura criminal organizada por el binomio presidencial en un tiempo récord de apenas tres años.

Desde septiembre de 2015 Pérez Molina y Baldetti están detenidos, acusados de varios casos de corrupción. Sin embargo este mes el fiscal general del país, Thelma Aldana concluyó que la causa que provocó la caída S Pérez Molina es sólo la punta del iceberg de extensa red de empresas fraudulentas dedicadas al pago de sobornos o adquisiciones con dinero negro. Según la fiscal al menos 70 personas en las élites políticas y empresariales del país están implicadas en estas operaciones. Los investigadores están estudiando más de dos millones de documentos incautados para tratar de desmontar un estado paralelo “cooptado”, dijo la fiscal, por ladrones.

A primeros de junio la CICIG calificó al Partido Patriota (PP) de Pérez Molina como una estructura criminal que secuestró al estado y utilizó las instituciones como un botín para enriquecerse ilícitamente. "Se apropiaron de las instituciones del estado. Utilizaron para beneficio propio los recursos que no se destinaban a la salud, la educación, una población del 47% de niños menores de 5 años en estado de desnutrición y a la par los gobernantes, apropiándose de esos recursos del estado".

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