En cuanto a la falta de medios para investigar los múltiples casos de corrupción, González recuerda que los responsables Guardia Civil —encargada de desarrollar operativos contra la corrupción desde Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal— vienen manifestando con bastante insistencia que "no tienen recursos suficientes" para hacer su trabajo de manera eficaz.
En lo referente a las injerencias del Gobierno, el portavoz de Jueces por la Democracia considera que los mecanismos para el nombramiento de altos cargos judiciales carecen de transparencia y que en demasiadas ocasiones toman en consideración la afiliación política de los aspirantes.
"Necesitamos mecanismos para luchar contra estas injerencias, necesitamos un Consejo General del Poder Judicial fuerte e independiente", opina.
En concreto, González opina que es necesario que los nombramientos de los jueces se hagan "de forma transparente" en procesos "donde prime el mérito y la capacidad y en los que la afinidad política sea un lastre y no un aspecto beneficioso para conseguir el puesto".
Esos requisitos enumerados por González no se dieron en el nombramiento del último fiscal jefe anticorrupción de España, Manuel Moix, que dimitió el 1 de junio después de acumular varias polémicas sobre su supuesta afinidad al Partido Popular de Mariano Rajoy y después de que se conociera que participa en una sociedad "offshore" en Panamá.
Los partidos políticos de la oposición española denunciaron en los últimos meses una serie de maniobras desde el Gobierno y la Fiscalía Anticorrucpión para obstaculizar investigaciones que afectaban al Partido Popular.
En concreto, a finales de abril se conoció a través de varias publicaciones periodísticas que Moix intentó impedir un registro en contra del expresidente de la Comunidad de Madrid —encarcelado por el caso Lezo— y que desde el Gobierno se dio aviso al investigado sobre la investigación en su contra, lo que le habría permitido cambiar sus hábitos y ocultar pruebas.
Además, el sumario de la investigación contra el expresidente madrileño, también llamado Ignacio González, reveló que mantuvo una conversación con un exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en la que ambos apuntaron la posibilidad de presionar al actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, para forzar el nombramiento de Moix.
"Desde un primer momento entendíamos que el señor Moix no era el mejor candidato para dirigir la Fiscalía Anticorrupción y los hechos han demostrado que estábamos en posesión de la razón", recuerda el portavoz de JpD.
En cuanto al papel jugado por el ministro de Justicia y por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, el portavoz de JpD recuerda que ambos fueron reprobados por el Congreso de los Diputados, lo que a su modo de ver es motivo suficiente para que ambos dimitan o, como mínimo, para que comparezcan en sede Parlamentaria para explicar las recientes polémicas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el fraude y la corrupción es señalado como uno de los tres principales problemas del país por el 42% de los españoles, lo que lo sitúa como segunda preocupación de los ciudadanos sólo por detrás del desempleo.
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