La policía detiene a una mujer durante las protestas contra el arresto de dos profesores en huelga de hambre el martes en Ankara.rn

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La Delegación del Gobierno de Ankara ha anunciado este viernes una nueva normativa según la cual quedarán prohibidas en la provincia capitalina todo tipo de manifestaciones y protestas fuera de las horas diurnas, una medida que ha justificado en el peligro de ataques terroristas, pero que llega en el marco de una creciente represión contra todo tipo de movimientos sociales de oposición y partidos políticos contrarios al Ejecutivo del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista) que dirige Turquía desde 2002.

La oficina del gobernador angorino afirma en el comunicado en que ha hecho pública la prohibición que en toda la provincia de Ankara, “se ha visto que, tras la puesta de sol, hay gente que se reúne alrededor de hogueras y, hasta altas horas de la noche, lleva a cabo actos de protesta cantando canciones y marchas o lanzando consignas de manera que molestan al entorno”. Además, estos hechos, según la Delegación del Gobierno, “aumentan el riesgo de que las organizaciones terroristas lleven a cabo acciones violentas y ataques con bomba”, además de “dificultar el trabajo de las fuerzas de seguridad”.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ordenado al Gobierno retirar de los estadios y pabellones deportivos la palabra “Arena”, que en Turquía se utiliza con su significado anglosajón: un recinto cubierto utilizado para actividades deportivas y espectáculos. Por ejemplo, el Ankara Arena, de la capital turca, donde el pasado domingo el AKP celebró el congreso que coronó a Erdogan de nuevo como líder de la formación islamista.

En un acto en Estambul, el mandatario turco anunció su decisión diciendo: “Esto no es una arena, es un estadio”. “Nosotros estamos contra las arenas. En las arenas, ¿sabéis lo que se hacía en el pasado? Se despedazaba a la gente”, alegó Erdogan haciendo referencia al origen latino de la palabra y a la práctica en los circos romanos. “Además, arena no es una palabra de nuestra lengua”, sentenció.

El pasado sábado, de hecho, dos individuos presuntamente relacionados con el Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) fueron detenidos cuando se cree que preparaban un atentado contra el Congreso Extraordinario del AKP, celebrado el domingo —durante el día— entre fuertes medidas de seguridad. Los supuestos yihadistas habrían estado en contacto y formaría parte de la misma célula que Abdulkadir Masharipov, el militante uzbeko autor de la masacre de Año Nuevo en el club Reina de Estambul.

Por estas razones, se han prohibido en todo el territorio de la provincia capitalina y hasta nueva orden que, una vez anochecido, se lleven a cabo “todo tipo de actos de protesta”, declaraciones de prensa en espacios públicos o reuniones colectivas “en las que se coreen consignas, se canten canciones o marchas en voz alta”. La norma entra en vigor bajo la cobertura del estado de emergencia decretado en todo el país tras el fallido golpe de Estado del pasado año, que ha sido renovado periódicamente desde entonces cada tres meses.

El estado de emergencia otorga inmensas prerrogativas a las delegaciones del Gobierno, que pueden legislar a su parecer sobre cuestiones de seguridad en las provincias a su cargo, pasando por encima de las autoridades municipales electas. El Ejecutivo, además, tiene potestad de emitir decretos ley sin aprobación parlamentaria, suspender libertades y derechos fundamentales, imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos y conferir poderes especiales a los funcionarios, sin que estas decisiones puedan ser recurridas ante la Justicia ordinaria.

La ordenanza de Ankara llega además pocos días después de la detención de dos profesores, Nuriye Gülmen y Semih Özakça, que mantenían una huelga de hambre desde hace 75 días en protesta por haber sido despedidos de sus empleos sin mediar sentencia judicial. Su lucha y sus protestas en pleno centro de la capital turca habían congregado a su alrededor a decenas de funcionarios en su misma situación y había movilizado una ola de solidaridad que llevó a que algunos diputados de la oposición iniciasen huelgas de hambre solidarias con los despedidos.

Este jueves, la Fiscalía presentó cargos contra Gülmen y Özakça para los que pide 20 años de prisión bajo la acusación de “miembro de organización terrorista”, “propaganda de organización terrorista” y “violación de la ley de manifestaciones”. De hecho, el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, los ha acusado de ser “miembros” del grupo armado izquierdista DHKP-C y ha advertido a la principal formación opositora, el Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata), de que defender a los profesores detenidos significa “ser utilizado por el DHKP-C, del mismo modo que el partido (prokurdo) HDP ha sido utilizado por el (grupo armado) PKK”.

Los dirigentes del HDP y una docena de sus diputados están, de hecho, encarcelados desde hace meses en espera de juicio. Igual que ha ocurrido con Gülmen y Özakça, en prisión preventiva desde el miércoles. La estatua de los Derechos Humanos, en la avenida Yüksel de Ankara, ante la que los profesores y sus compañeros se manifestaban cada día durante la huelga de hambre, permanece desde entonces acordonada por la agentes antidisturbios de la policía.
ElPais

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