El Gobierno ha aprobado inyectar en unas semanas más de 8.800 millones a las comunidades autónomas. Este pellizco llegará por los 3.443 millones del tercer tramo trimestral del Fondo de Financiación –para Canarias y Galicia, regiones saneadas con préstamos a tipo cero–, y del Fondo de Liquidez Autonómico –para las comunidades incumplidoras, es decir, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias, Baleares, Cantabria, Madrid, Murcia y La Rioja, a un tipo del 0,8%–. A ellos se les suma los fondos sobrantes del FLA, otros 5.372 millones.
Desde 2012, el Ejecutivo ha bombeado unos 150.000 millones de euros a comunidades autónomas para garantizar su financiación, el pago a proveedores y la prestación de servicios básicos. En esta cifra se incluyen los más de 25.000 millones que el Gobierno prevé para este año, de los que ya ha transferido la mayor parte. El Ejecutivo de Rajoy aprobó estos mecanismos de liquidez en 2012 cuando muchas comunidades tenían los mercados cerrados y pagaban intereses que superaban el 10% por financiarse.
Desde entonces, la Generalitat ha sido el gobierno regional más beneficiado por los préstamos de Hacienda. Cataluña ha recibido más de 45.000 millones de euros en varios pagos. Este año recibirá 8.885 millones al sumar el FLA previsto y el remanente del mismo, que supondrán casi un 30% de la financiación para todas las autonomías.
Las siguientes comunidades más beneficiadas por la liquidez del Estado son Comunidad Valenciana -que recibirá 2.078 millones en unas semanas- y Andalucía -751 millones-. Hacienda debe convocar, previsiblemente en julio, un Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar los planes económicos regionales, la liquidación del sistema de financiación de 2014 y los nuevos objetivos de déficit regionales, aunque para esto necesitará el visto bueno del Congreso. Ante el paréntesis político abierto, el proceso está en el aire.
Junto a esta financiación privilegiada, Cataluña tenía un régimen más duro que las demás autonomías. El Ministerio controlaba en su caso que no destinara fondos del Estado a la causa independentista, por lo que los interventores debían informar mes a mes de la ejecución de sus cuentas. Un control que la Generalitat ha cumplido satisfactoriamente.
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