Los argumentos presentados contra Catalá, José Manuel Maza (fiscal general del Estado) y Manuel Moix (fiscal jefe Anticorrupción), señalaban que estos junto al Gobierno de Mariano Rajoy urdieron un plan para proteger a los corruptos del Partido Popular (PP).
Los tres funcionarios podrán seguir en sus cargos porque se trata de una moción sin efecto ejecutivo y solo tiene valor político y simbólico.
En octubre de 2016, la Justicia española inició un juicio contra 37 miembros del partido, entre ellos, dos antiguos tesoreros acusados de importantes malversaciones de fondos públicos al amañar contratos estimados en decenas de millones de euros a cambio de comisiones ilegales entre 1999 y 2005.
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