UE: Brexit no debe afectar los derechos de los británicos y los europeos
04 Mayo 2017
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La Unión Europea abogará por preservar los derechos actuales para los ciudadanos de los países miembros de la UE que viven en el Reino Unido y los británicos que viven en Europa y regularlos según la legislación de la UE, dicen las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el Brexit publicadas el 3 de mayo.
La Comisión destaca que "el acuerdo sobre la salida debe garantizar los derechos de los cuales disfrutan los ciudadanos" tras el Brexit.
Según el texto, se trata en particular del derecho a residir y trabajar en otro país miembro de la UE, tener acceso a los sistemas de seguridad social y asistencia sanitaria, así como el derecho del reconocimiento de diplomas y certificados.
"La Comisión Europea aspira a proteger a todos los ciudadanos de la UE que habían tomado decisiones de importancia vital basándose en la legislación de la UE", dicen las recomendaciones al precisar que esta propuesta se refiere a los empresarios, estudiantes, jubilados y a sus familiares.
Se subraya también que "todos los derechos deben garantizarse de por vida" y ser estipulados mediante compromisos recíprocos.
Además, la Comisión Europea confirmó en los documentos publicados que la fecha de la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede aplazarse si el Consejo Europeo y Londres deciden unánimemente hacerlo en correspondencia con el artículo 50 (3) del Tratado de Lisboa.
Se espera que las propuestas de la Comisión se aprobarán oficialmente en la sesión del Consejo de la UE sobre las cuestiones generales prevista para el 22 de mayo.
La decisión del Brexit fue tomada por los británicos en el referendo celebrado el 23 de junio de 2016, por una diferencia de apenas un 4% a favor del sí.
El Brexit fue activado oficialmente el pasado 29 de marzo después de que la misiva que notifica a Bruselas de la salida del Reino Unido de la Unión firmada por la primera ministra británica, Theresa May, fuera entregada al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Según las reglas del artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Estado que decida abandonar la UE debe hacerlo en el plazo de dos años tras la entrega de la notificación oficial.
