El Ejecutivo español recuerda que "Gibraltar es una cuestión de Estado" y que el régimen especial del que goza la colonia "es una condición que España tuvo que aceptar en su momento, en 1986, para poder adherirse a las entonces Comunidades Europeas, ya que el Reino Unido ingresó en 1973".
Este informe recuerda que Gibraltar disfruta de "libre circulación de trabajadores, mercancías, servicios y capitales", pero no forma parte de la Unión Aduanera ni se le aplica la legislación británica, "por lo que desarrolló un régimen propio extremadamente permisivo en materia fiscal, aduanera y de establecimiento de sociedades, que en la práctica lo ha convertido en un paraíso fiscal".
El Gobierno señala que lo inmediato y prioritario "será negociar los derechos de los europeos residentes en el Reino Unido y los británicos en la UE", que según datos oficiales más de 102.000 españoles residen en el Reino Unido y 286.000 británicos en España.
"España mantiene que la mejor solución sería mantenerse lo más cercano a la letra o al espíritu de la actual legislación", sostiene el informe, aunque reconoce que esto chocaría con la intención británica de frenar la llegada de europeos.
Sputnik
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