Las cifras son limitadas. Porque la defensora del pueblo de la Unión Europea lidia con quejas relativas al funcionamiento de los organismos comunitarios; para los litigios con las Administraciones más cercanas ya están sus equivalentes autonómicos o nacional. De todas las demandas presentadas por españoles, solo 27 acabaron en investigaciones formales.
Algunos de los casos más relevantes definen bien el país. La defensora cerró a principios de año el caso de una queja presentada por un accionista de un club de fútbol que esperaba mano dura respecto a otros tres equipos. El demandante reprochaba a la Comisión Europea que no hubiera decidido a tiempo si reprendía a España por haber concedido ayudas de Estado ilegales a otros tres clubes futbolísticos. La petición de que Bruselas divulgara sus consultas públicas en todas las lenguas oficiales, no solo en inglés y francés, motivó también una investigación de la defensora, aún por resolver. Las reclamaciones —desestimadas— por la falta de transparencia de las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos completan el abanico de casos más notorios.
Reflejo de las pulsiones cainitas que a veces sacuden España, la defensora ha recibido “muchas quejas” referidas a diferentes casos en los que el Ejecutivo comunitario decidió no abrir procedimientos de infracción contra el Estado. Los demandantes le pedían que lo hiciera. Una portavoz de la defensora explica que la mayoría no prosperaron por fallos administrativos.
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