En esta causa se investigan los sobornos que las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, entregaron entre 2001 y 2009 a funcionarios y autoridades de Boadilla del Monte para supuestamente conseguir adjudicaciones públicas para estas mismas sociedades o empresas de terceras personas. La red, señalaba el juez instructor del caso, José de la Mata, "llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública" de la localidad, especialmente la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), de la que dependía el urbanismo de esta rica localidad limítrofe con Madrid capital.
El ministerio público ejerce la acusación contra un total de 27 personas. Para Pablo Crespo, uno de los líderes de la trama, solicita una pena de prisión de 64 años y siete meses. El exdiputado madrileño del PP Alfonso Bosch se enfrenta a una petición de 23 años y medio de cárcel. Por su parte, para José Galeote, concejal de Boadilla, se piden 22 años de prisión y para José Luis Izquierdo, el contable de la trama, siete años y medio.
Correa y su mano derecha, Pablo Crespo, crearon un grupo al que se fueron incorporando paulatinamente autoridades y funcionarios del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor. El grupo benefició, siempre a cambio de comisiones, a distintas personas y sociedades como SUFI S. A., Constructora Hispánica S. A., UFC, Teconsa, a Artas Consultoría y Rústicas MBS SL y a Easy Concept Comunicación, entre otras. Estas contrataciones irregulares, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo, 593.000 euros; a Galeote, 557.609 euros; a González Panero, 1,8 millones; a Martín Morales, 1,3 millones; y a Bosch Tejedor, 941.652 euros.
Los hechos constituyen, según el juez De la Mata, delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Tanto el exregidor González Panero, como otros imputados, pusieron en marcha una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos.
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