La denuncia de todas las denuncias en el caso Petrobras se acerca lentamente, de forma amenazadora, a Brasilia. Se trata de una "colaboración definitiva" con la Justicia anunciada por la mayor constructora de Brasil, implicada en la trama de corrupción, en marzo. Sus consecuencias son imprevisibles.

Todos los ojos están puestos en el heredero de la empresa, Marcelo Odebrecht. El ejecutivo, encarcelado desde el 19 de junio del año pasado, fue condenado a 19 años y 4 meses por corrupción, blanqueo de dinero y formación de organización criminal. Ahora, cuando está a punto de revelar todo lo que sabe a cambio de una rebaja de la condena, la clase política espera con aprensión el estrago que puede causar en todas las siglas: el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el Partido Progresista (PP) y el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

Un reportaje de la revista brasileña Istoé, publicado este fin de semana, asegura incluso que la confesión de Odebrecht puede afectar a Dilma Rousseff, ahora apartada de la presidencia y que sale, por el momento, prácticamente ilesa de las investigaciones. Según la publicación, Odebrecht ha confesado que Rousseff le pidió 12 millones de reales (unos 3,4 millones de dólares) para su campaña electoral de 2014 durante una reunión privada. El dinero fue destinado, según Istoé, al jefe de campaña del PT, João Santana, y al PMDB, el partido del presidente interino Temer.

El juez Sérgio Moro pretende cerrar el caso Petrobras, destapado en marzo de 2014, en diciembre de este año, por lo que la confesión de Marcelo Odebrecht puede ser el cierre apoteósico de la operación.

Las noticias sobre el acuerdo entre el ejecutivo y la Justicia que es secreto y cuya existencia no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía, informan de que el expresidente de la empresa, Emílio Odebrecht, padre de Marcelo, también puede ser llamado a declarar. Están en cuestión principalmente las contribuciones de la empresa para campañas políticas a presidente y gobernador. Según un comunicado divulgado por la empresa en marzo, la intención es tratar sobre “un sistema ilegal e ilegítimo de financiación del sistema partidario-electoral del país”. Un día después de que la empresa informara sobre sus intenciones de cerrar un acuerdo judicial, se filtró a la prensa una lista con nombres de casi 300 políticos de 22 partidos relacionados con la constructora. En las elecciones de 2015, 15 partidos recibieron donaciones de la empresa.

Tras la filtración, el juez Moro decretó el secreto del documento, que no dejaba claro si la relación de los políticos con Odebrecht era ilícita. Sin embargo, la cantidad de nombres mencionados quedó como muestra de la amplitud de las relaciones políticas de la constructora, que actúa fuera de Brasil desde los años 70. Durante los años en que el PT ha estado en el poder, la compañía (que actúa en el sector público desde los tiempos de la dictadura) ha expandido sus actividades hacia países africanos y latinoamericanos.

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