Reino Unido inicia su proceso de separación de la Unión Europea

  29 Marzo 2017    Leído: 546
Reino Unido inicia su proceso de separación de la Unión Europea

Expectación en Bruselas y en Londres ante la entrega de la carta que activa oficialmente el Brexit, firmada anoche por May y que será entregada este mediodía al Consejo Europeo

Atrás queda la poesía: a partir de hoy, es el turno de la prosa. Junto a la union jack y bajo un retrato de Robert Walpole, el primero en ocupar el cargo que hoy ostenta ella, Theresa May firmó anoche la carta en la que comunica oficialmente la intención de Reino Unido de abandonar la UE. Cuando el embajador británico la entregue este mediodía al presidente del Consejo Europeo, habrá llegado el momento de emborronar los versos con prosaicos ríos de tinta.

“Recuperemos el control”. “Que nos devuelvan el país”. “Brexit significa Brexit”. “Un acuerdo que funcione para todo Reino Unido”. Los eslóganes dirigidos al corazón y a las tripas con los que se ha construido el discurso del Brexit deben traducirse ahora, en el plazo de dos años que abre el artículo 50 del Tratado de Lisboa, en dos acuerdos: uno que fije los términos del divorcio, destejiendo una relación de 40 años, y otro que establezca el marco de las futuras relaciones entre la quinta economía y el mayor marcado único del mundo. Una labor colosal para la que no existen precedentes. Nunca antes, en sus 60 años redondos de historia, un país ha abandonado la Unión Europea. Esto es territorio sin cartografiar.

Poco aclara el tenor del artículo 50 –en vigor desde 2009 y que contempla por primera vez la posibilidad de que un Estado miembro decida voluntariamente abandonar la Unión Europea- sobre el contenido de la carta. Sus 260 palabras, como ha reconocido uno de sus autores, el diplomático británico Brian Kerr, fueron redactadas para no utilizarse nunca.

Fuentes británicas cercanas al equipo negociador no invitan a esperar grandes novedades salvo, quizá, alguna mención sobre la disposición de Reino Unido a contemplar un acuerdo transitorio que regule las relaciones entre ambas partes desde el vencimiento del plazo de dos años, hasta que se alcance un acuerdo definitivo sobre la relación futura. Esto constituiría una novedad, en la medida en que, hasta la fecha, el Gobierno de Theresa May ha reiterado que confía en que dicho acuerdo sea alcanzado en el plazo de dos años. Algo extremadamente optimista según la mayoría de los expertos.

El comercio entre la UE y Reino Unido es prácticamente igual que el de la UE y Estados Unidos: solo un 20% menor. Una fractura abrupta provocaría graves costes en ambos lados, pero sobre todo en el británico: las exportaciones europeas a Reino Unido ascienden al 2,5% del PIB del continente, pero las exportaciones británicas a Europa suponen nada menos que el 7,5% del PIB de Reino Unido. Las inversiones son también muy elevadas, y perpetuar la actual incertidumbre provocaría un impacto enorme: de nuevo, más importante en suelo británico. Las previsiones son cualquier cosa menos fiables, pero ahí van: los europeos calculan que el divorcio tendrá un impacto de entre 0,1 y 0,5 puntos de su PIB en la UE hasta 2030; los británicos admiten que el impacto en Reino Unido puede ir de 1,3 a 4,2 puntos de PIB. En caso de terminar sin acuerdo, Reino Unido puede perder hasta 7,5 puntos de PIB hasta 2030. La quinta economía del mundo tiene un PIB de 2,4 billones de euros: ese 7,5%, si tiene visos de ser cierto, supondría una destrucción de riqueza de 180.000 millones de euros.

La postura de partida de Reino Unido en la negociación está relativamente clara: la esbozó la primera ministra en su discurso en la Lancaster House londinense el pasado 17 de enero, y la dejó por escrito en el llamado “documento blanco” de 75 páginas que remitió al Parlamento británico el 2 de febrero. Básicamente, sus prioridades son acabar con la libre circulación de personas entre Reino Unido y la UE, y salirse de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. May reconoce y acepta que esas dos demandas implican la salida del mercado común.

Eso dibuja lo que se ha venido a llamar un “Brexit duro”, frente a otras opciones de salida (Brexit suave) que contemplarían concesiones en el control de fronteras y la jurisdicción del tribunal luxemburgués, a cambio de seguir de alguna manera en el mercado único. El Brexit duro supondría un mayor perjuicio económico para Reino Unido, que Londres tratará de minimizar negociando un acceso al mercado único desde fuera, pero todo lo “libre de fricciones” que sea posible. Por último, May ha advertido que prefiere “que no haya acuerdo a que haya uno malo”. Si las negociaciones fracasan, asegura, está dispuesta a dar el salto al vacío sin red.

Bruselas, por su parte, está expectante. El parto británico para activar oficialmente el Brexit ha durado justo nueve meses: las instituciones europeas escrutarán cada coma de ese texto, porque tras los duros discursos de Theresa May a lo largo de los últimos meses lo fundamental es el tono de esa misiva, que marcará los primeros compases de una negociación clave para el futuro de la Unión Europea. Los europeos han subrayado que la Unión será “firme”, según el jefe negociador, el francés Michel Barnier. Incluso Berlín, que hace unos meses parecía partidaria de un Brexit suave, ha endurecido su posición en las últimas semanas, después de un vivo debate interno.

Cuando, en torno a las 12.30, Tim Barrow entregue a Donald Tusk los papeles de la separación, “hay que firmarlos, pero antes hay que leerlos cuidadosamente: los tratados dan dos años para negociar, Londres ha tardado nueve meses y Europa también debe tomarse su tiempo”, indica una alta fuente europea.

Bruselas es consciente de que el coste de un Brexit abrupto sería considerable para ambos bandos. Y se ha preparado a conciencia: el presidente del Consejo, Donald Tusk, comparecerá hoy mismo para dar una primera reacción; las directrices para que la Comisión negocie se conocerán el viernes. Se trata de un documento de 10 páginas, según fuentes conocedoras de un primer borrador, para que Barnier empiece por lo que más importa: la factura (se habla de unos 60.000 millones), la gente (los derechos de los 3,3 millones de europeos en Reino Unido y 1,2 millones de británicos en la UE) y la frontera con Irlanda. “No se puede excluir que todo vaya rematadamente mal en los dos años que vienen, pero las dos partes tienen incentivos para llegar a acuerdos en esos tres asuntos”, declaran las fuentes consultadas en Bruselas.

En un divorcio, lo primero es ver quién se queda con la batidora: las directrices establecen que más que buscar una cifra hay que acordar con Londres una metodología, y que eso será una suerte de campo minado tanto política como técnicamente. Hay que valorar los activos a los que Reino Unido ha contribuido durante más de 40 años, los capítulos presupuestarios, los compromisos de pago, esas cosas. Lo segundo será dar garantías de estabilidad a los 4,5 millones de personas afectadas (europeos en Reino Unido y británicos en el continente), con compromisos recíprocos por parte de Londres y de Bruselas, y ver en qué instancia judicial se resuelven los conflictos (las directrices apuntan a la Corte Internacional de Justicia de La Haya). Lo tercero es ver qué hacer con la frontera en Irlanda del Norte. Una vez haya un principio de acuerdo político en esos tres asuntos, Barnier acudirá de nuevo al Consejo Europeo en busca de directrices más amplias. Y la negociación entrará en otra dimensión.

“El mandato se ampliará entonces para darle a Londres la perspectiva de la futura relación comercial: sin esa perspectiva, Theresa May tendría muy complicado en casa suscribir los pactos sobre la factura, por ejemplo. Y entre el acuerdo de divorcio y el inicio de la negociación para el futuro acuerdo comercial, que puede durar años, hay que pactar también un acuerdo de transición para que las relaciones entre la UE y Reino Unido no caigan en un agujero negro”, destaca una alta fuente europea a EL PAÍS.

Dicho acuerdo transitorio conlleva problemas domésticos para May: mantener temporalmente las cosas como están implicaría seguir unos años más bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia Europeo. Llegar a las elecciones de 2020 con el país sometido aún a los dictámenes del vilipendiado tribunal y contribuyendo al presupuesto europeo será difícil de vender ante el sector más duro del 52% de los británicos que votó por el Brexit.

May, desoyendo los consejos de pesos pesados de su partido, ha descartado reiteradamente adelantar las elecciones y aprovechar la debacle del laborismo para reforzar su endeble mayoría parlamentaria: más por demérito del contrario que por méritos propios, los sondeos señalan que, de celebrarse elecciones hoy, obtendría una ventaja histórica de 140 escaños. Algo tentador, teniendo en cuenta que el proceso del Brexit requerirá la tramitación un buen número de leyes; pero peligroso: una campaña electoral, además de desviar energías de la tarea principal, requeriría respuestas públicas para las grandes preguntas que inevitablemente surgirían. Y la primera ministra ha dejado claro en los preliminares que las negociaciones, para ella, cuanto más en privado, mejor.

Theresa May podrá tomar el pulso esta misma tarde al Parlamento cuando comparezca, casi simultáneamente a la entrega de la carta, en la sesión semanal de preguntas a la primera ministra. Allí tiene previsto comunicar oficialmente a los diputados la activación del proceso. Está por ver si, tal como anunció Jeremy Corbyn después de que los diputados aprobaran sin enmiendas los planes de May para iniciar el Brexit, “la verdadera batalla” para la oposición laborista “empieza ahora”. En caso contrario, la principal molestia en casa para la primera ministra vendrá del sector más eurófobo de su propio partido.

La verdadera talla política de Theresa May se medirá ahora, entre otras cosas, por la valentía que sea capaz de mostrar ante ese sector duro y ante el discurso populista de los tabloides. Ese que, en una foto junto a Nicola Sturgeon que adornaba la primera página de ayer del Daily Mail, planteó en los denigrantes términos de un concurso de piernas el otro gran reto que tiene May ante sí: Escocia. El Parlamento de Edimburgo entregó ayer a Sturgeon el mandato para solicitar a Londres la celebración de un segundo referéndum de independencia. En paralelo con las negociaciones del Brexit, May deberá velar por la unidad del país.

ElPais

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