"Nosotras creemos que el aborto debe ser irrestricto y que se debería despenalizar para todas las mujeres que quisieran hacerlo", afirmó Ojeda.

El Gobierno de Bolivia envió un proyecto de ley al parlamento para despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en nueve causales, seis más que las permitidas hasta ahora.

En febrero de 2014 se aprobó en este país una sentencia constitucional que desjudicializó tres causales que antes necesitaban pasar por un juicio para ser aprobadas.

En virtud de esa sentencia, una mujer puede abortar legalmente hasta las 12 semanas en caso de que haya sufrido una violación, un incesto o de que el embarazo implique un riesgo para ella.

De lo contrario, la interrupción del embarazo es sancionada con prisión.

Esta nueva iniciativa amplía las posibilidades de aborto para mujeres que cursen hasta dos meses de embarazo y que se encuentren en una situación de extrema pobreza, que no cuenten con recursos para mantener a su familia, que ya tengan tres hijos o que se encuentren estudiando.

Además, se contemplan también como causales, sin importar el período de gestación, la malformación del feto, que la madre sea una niña o adolescente, que el embarazo sea de riesgo para la mujer, que sea producto de una violación o que sea producto de un incesto.

La activista critica que el proyecto contemple estas causales solo para un aborto por mujer.

"Eso está desfasado de la realidad, no es cierto que una mujer aborta solo una vez, debido a que las circunstancias que una persona enfrenta la pueden llevar a hacerlo en más de una ocasión, entonces esto de alguna manera soslaya una condena moral", observó Ojeda.

Por otra parte, Ojeda también criticó los plazos que se establecen para abortar en las cuatro primeras causales, antes de las ocho semanas de gestación, cuando entidades "como la Organización Mundial de la Salud plantean que el aborto podría darse hasta las 22 semanas y en otros países la legislación contempla que se realice hasta las 12 semanas".

El tercer aspecto que la sociedad civil critica es que "si bien se amplían las causales para que una mujer pueda realizarse este procedimiento, lo que se está haciendo es remitirnos nuevamente a la tutela del Estado, planteando que la pobreza y la falta de recursos económicos sería el factor principal para que el Estado nos permita abortar, y no así la decisión de las mujeres", dijo Ojeda.

Cortinas de humo

Ojeda sostuvo que distintos gobiernos bolivianos han usado la cuestión del aborto "como cortinas de humo para tapar otras discusiones de la coyuntura nacional".
Por tanto, dijo, "tengo cierta desconfianza; está claro que hay gente del Gobierno que apoya este proyecto de ley pero no se cuán serio será ni si se aprobará".

El proyecto también es criticado por la Conferencia Episcopal de Bolivia, otras iglesias y algunos legisladores opositores, por supuestamente contradecir el derecho a la vida.

"Bolivia es un país muy religioso, la religión católica sigue siendo hegemónica, las iglesias cristianas han crecido mucho, y obviamente ambas se oponen al aborto", detalló Ojeda.

En su opinión, la Iglesia Católica continúa argumentando de forma dogmática y "lo único que plantea es la defensa de la vida, que se están aprobando asesinatos, en debates donde se plantean abortos en embarazos de niñas de 11 y 12 años ellos siguen sosteniendo que esas niñas no deberían abortar", criticó.

La ministra de Salud, Ariana Campero, informó la semana pasada que en Bolivia se practican unos 200 abortos clandestinos por día que ponen en riesgo la vida de las mujeres.

La reforma para despenalizar parcialmente el aborto es parte del proyecto de nuevo Código del Sistema Penal que debate la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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