El volcán educativo ha estallado en México. El largo, profundo y violento conflicto entre el Gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) y los sindicatos radicales por la reforma educativa se ha agudizado hasta límites insospechados. Tras una semana de bloqueos de carreteras, toma de ayuntamientos, ataques a gasolineras, secuestro de policías y escarnio a los disidentes, la poderosa y ultraizquierdista Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Enseñanza (CNTE) ha amenazado con estrangular este viernes la capital y poner cerco al mismo aeropuerto internacional. Un pulso histórico ante el que Peña Nieto ha decidido mantenerse firme “sin importar qué obstáculos haya que vencer”.

Ya no hay vuelta atrás. El cetro presidencial, que en México reviste, para bien y para mal, un carácter casi totémico, ha puesto la línea roja en el campo de batalla. La apuesta es arriesgada. Pero difícilmente la perderá Peña Nieto. La reforma educativa, aprobada por la práctica totalidad del arco parlamentario, goza de un fuerte respaldo social. Tanto que para muchos no es una opción política sino una necesidad; una divisoria entre el pasado y el presente de un país de 56 millones de pobres y cuyo nivel educativo está por detrás de Kazajistán en las evaluaciones de PISA.

Pero el cambio supone desmantelar antiguas y poderosas estructuras. La principal es la CNTE. Enraizada en la paupérrima franja sur, en Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, esta central, con el beneplácito en su día del PRI, ha crecido durante décadas amparada en el clientelismo. Su control de los organismos educativos, su capacidad de ofrecer puestos de empleo en un universo de miseria, con un PIB per cápita cinco veces menor que el de la capital, le otorgaron una hegemonía incomparable en otras latitudes.

La ley educativa ataca la médula de este ecosistema clientelar. Para acabar con la compra-venta y heredad de plazas docentes, establece el concurso obligatorio y abre las puertas a opositores de otros estados. También impone la evaluación del profesorado y su expulsión el caso de que se nieguen a realizar las pruebas. Por último, acaba con la concesión automática de plazas a los maestros procedentes de las escuelas normalistas, el semillero tradicional del sindicato.

La reacción de la coordinadora ha sido furibunda. A lo largo de meses, en sucesivas oleadas, ha movilizado a decenas de miles de maestros y los ha lanzado a las calles. La ofensiva, con quema de oficinas electorales y toma de aeropuertos, ha chocado contra un muro. Golpe a golpe, el Gobierno ha ido retirando los resortes del poder al sindicato y, en una última vuelta de tuerca, anunció hace dos semanas el despido de 4.000 profesores por participar en una huelga ilegal. Este mazazo ha sido el detonante de la escalada que hoy amenaza a la capital de México y que esta semana ha horrorizado al país con escenas cargadas de odio medieval.

En un despliegue bien calculado y centrado en sus feudos de Chiapas y Oaxaca, el sindicato ha ocupado estos días decenas de alcaldías, bloqueado carreteras, quemado gasolineras e incluso secuestrado durante ocho horas a siete agentes de la fiscalía y la policía. En este contexto, grupos satélites raparon públicamente a seis docentes por no participar en las protestas. Un escarnio que ha dejado paso a la perplejidad al descubrirse que en el caso de los policías retenidos, la autoridad negoció su liberación a cambio de no presentar denuncia; y que entre los profesores rapados, dos de ellos, posiblemente víctimas de su entorno, salieron al día siguiente en defensa del sindicato.

La exhibición de fuerza ha servido a la CNTE para demostrar que sobre el terreno aún es un actor importante. Pero también ha revelado su endeblez en las alturas políticas. En pleno periodo electoral (este domingo se celebran comicios a 12 gubernaturas), su estrategia apenas ha concitado apoyos. Sólo el eterno aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador ha dado el paso. Aunque con otras miras. El líder más carismático de la izquierda ha buscado con su respaldo capitalizar el voto futuro de decenas de miles de docentes en una zona que le es relativamente propicia y en un tema en el que juega a la contra en solitario.

El golpe de López Obrador, al que las encuestas sitúan en cabeza para las presidenciales de 2018, ha sido aprovechado por el Gobierno para destacar su perfil radical y caudillista. En el tablero, a fin de cuentas, hay mucho más que un pulso con un sindicato rebelde. Para Peña Nieto, cuya valoración atraviesa horas negras, se trata de la última gran baza del mandato. Un legado histórico cuya gestión ha encomendado a uno de sus más queridos delfines, su anterior jefe de gabinete y actual secretario de Educación, Aurelio Nuño. Un político hábil y consciente de que una victoria en la batalla educativa aumentaría sus posibilidad de seguir en la cúpula priísta y hasta de concurrir en la carrera presidencial.

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