No fue una protesta voluminosa, ni se trató de una reedición de la rebelión de Kronstadt, pero el escándalo que ha ocasionado la forma como fue reprimida evidencia la tensa situación que vive Venezuela debido al quiebre generalizado la convivencia. La manifestación de decenas de personas a unas pocas cuadras del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas, provocó que la Guardia Nacional Bolivariana dispersara el lugar con gases lacrimógenos y las bandas armadas del chavismo aprovecharan para golpear a vecinos, fotógrafos y reporteros presentes en el lugar; se contabilizan hasta 17 agredidos.

Los reportes son confusos y no ha sido posible determinar el motivo de la protesta ni el origen. Usuarios de Twitter reportaron manifestaciones después de que personas frustradas por no poder comprar alimentos en un supermercado del tradicional barrio de La Candelaria corrieran en todas direcciones. De pronto todos los locales comerciales del sector comenzaron a cerrar sus locales para impedir saqueos. De acuerdo con reportes de las agencias France Presse y EFE las personas cerraron la avenida Fuerzas Armadas, que atraviesa de sur a norte a la capital venezolana y volcaron contenedores de basura para impedir el tránsito.

Las fuerzas de seguridad han contado con la inestimable colaboración de los grupos de choque del chavismo para impedir que los disturbios, que también se produjeron en otras zonas del centro de Caracas, se generalizaran. Los periodistas que se acercaron a cubrir los sucesos se cuentan entre las víctimas. Un equipo de la televisora privada Vivo Play fue apuntado y robado por supuestos integrantes de bandas armadas oficialistas. Un fotógrafo de El Universal fue robado y golpeado y el periodista destinado a cubrir esas informaciones, Deivis Ramírez Miranda, denunció haber sido despojado de su teléfono celular por Daniel Aponte, el jefe del gobierno del Distrito Capital, mientras recogía una declaración. El cargo fue creado en 2008 por el presidente Hugo Chávez para restarle poder al opositor Antonio Ledezma, que había sido elegido como alcalde metropolitano de Caracas en los comicios de finales de aquel año. Aún el funcionario no ha respondido a las acusaciones

El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, ha asegurado que los disturbios han sido provocados por el dirigente opositor Carlos Melo y el partido Bandera Roja. El alcalde informó a una radio chavista que han encontrado que en algunos negocios que no son del ramo de los alimentos están vendiendo los bienes subsidiados por el gobierno.

Para intentar acabar con los bachaqueros, como se les denomina a las personas que acaparan los alimentos regulados para revenderlos, el gobierno ha creado los llamados Comités Locales de Abastecimiento de Producción, grupos chavistas que están tomando el control del reparto de alimentos en las zonas populares una vez que llegan a los mercados. La medida ha terminado por introducir más distorsiones en la red y ha ocasionado pequeños estallidos en sectores populares. Los llaman “minicaracazos”, en clara referencia a los grandes disturbios que el 27 de febrero de 1989 marcaron para siempre al gobierno liberal de Carlos Andrés Pérez.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha reportado un incremento del conflicto a medida que se profundiza la carestía. En abril, la organización no gubernamental contabilizóal menos 403 protestas. 550 % más que en marzo. La oposición venezolana ha venido alertando sobre la inminencia de un estallido y está presionando al gobierno para que acepte la celebración de un referéndum para que los venezolanos decidan si Nicolás Maduro debe permanecer o no al frente de la nación sudamericana. Pero el jefe del Estado ha asumido esta petición como un intento por derrocarle y ha llamado a la rebelión nacional y a tomar las calles por la “batalla final contra el imperialismo y contra la injerencia”, luego de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, decidiera el martes invocar la Carta Democrática en Venezuela.

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