En toda la legislatura no se alcanzó lo pactado ni una sola vez, pero la última, por una cantidad tan elevada, ha escocido especialmente. En la capital comunitaria ahora mismo hay dos debates y dos negociaciones simultáneas sobre España. Por un lado, si dar un tiempo adicional (un año o dos años) a nuestro país para que baje del objetivo del 3%. Tenía que haberse logrado en 2016, con un 2,8%, pero ni Madrid ni la Comisión creen que vaya a pasar antes de 2017. En el Plan de Estabilidad presentado el martes en el Congreso, Guindos aseguró que el desfase de las cuentas públicas bajará al 3,6% este año, lo mismo que creen los técnicos europeos, y hasta el 2,9% el que viene. Que habrá un año o dos más parece muy claro. Lo creen a ciencia cierta en el Ministerio de Economía y lo confirman fuentes comunitarias. El debate importante es otro. Los países que están en el llamado procedimiento de déficit excesivo tienen que hacer todo lo posible y necesario para reducirlo. La UE es bastante flexible o laxa cuando un país está en recesión, tiene una crisis inesperada o se enfrenta a desafíos concretos, como la crisis de refugiados o un ataque terrorista, por ejemplo. España ya ha tenido dos prórrogas esta legislatura.
Pero la Comisión no entiende ni acepta que no se tomen medidas cuando la desviación parece evidente, cuando se ha avisado y cuando la economía marcha bien. España creció al 3,2% en 2015, más del doble de la media de la Eurozona. Y crea empleo más rápido que el resto. Pero el lugar de bajar hasta el 4,2% desde el 5,9% del año anterior aprobó una rebaja de impuestos y ha devuelto la paga extra de los funcionarios, entre otras decisiones polémicas. Bruselas cree que España no ha hecho ni mucho menos todo lo que debía, todo lo que podía y a todo lo que se comprometió. Al revés. Y baraja si imponer una sanción.La normativa lo permite, con un coste del 0,2% del PIB, cerca de 2.000 millones de euros. La Comisión Europea, a partir de los datos de Eurostat, de sus previsiones macroeconómicas, que publicará el 3 de mayo, y de las alegaciones de España, tomará una decisión. Pero estos días todo el mundo ha empezado a hablar ya de multa. Lo hicieron altas fuentes del Eurogrupo durante la semana, se hace de forma abierta en las ruedas de prensa del ministro y desde la Comisión Europea reconocen en privado que es algo que está sobre la mesa. A todos les interesa. A unos para meter presión en Moncloa y a los otros, si creen que van a poder evitarla, para presentarlo como prueba de potencia diplomática y de una victoria de su política económica: reformista y con ajustes, pero sin pasarse.La Comisión tiene varias opciones en mayo. Puede no hacer nada. Puede hacer simplemente una lista de recomendaciones específicas con una exigencia de más reformas, ajustes y cambios para bajar de verdad el déficit del 3%. Puede proponer una multa. O puede proponer lo que se conoce como multa 0, que es un castigo simbólico sin coste efectivo. Incluso puede buscar nuevas fórmulas más creativas, como sanciones potenciales vinculadas al incumplimiento de más reformas. Nadie hasta ahora en la historia de la UE ha sido sancionado por incumplir el déficit.La idea de la multa 0 ha tenido mucho recorrido esta semana.
El mecanismo en la UE funciona de la siguiente manera: la Comisión hace una propuesta de sanción si lo estima oportuno, pero es el Consejo Europeo el que decide si la mantiene, la aplica o si reduce la cuantía. Es decir, que al final son los 28 países (en realidad 27, porque España no podría votar, con una mayoría de dos tercios) los que tienen la última palabra. Y en el pasado algún país se ha librado precisamente así.Guindos dijo el martes en el Congreso que le preocupaban bastante poco las multas. Pero es consciente de que es una posibilidad. Y que tanto si hay una cuantía monetaria o no, el estigma para España sería enorme y para un Gobierno en funciones que aspira a recuperar el poder sería un palo muy importante.
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