El texto denuncia "la política de Estado de matar a sospechosos de narcotráfico, el asesinato de filipinos sin un proceso democrático actualmente en vigor". Además, pide el cese de Duterte en su cargo por aceptar supuestamente sobornos y por corrupción, debido a la presunta existencia de 'empleados fantasma' en Dávao, cuando era alcalde de esta ciudad.
La Oficina presidencial filipina ha rechazado todas las acusaciones y asegurado que se trata simplemente de "un intento de desacreditar a la Administración", según su portavoz, Ernesto Abella.
Todo ocurre un día después de que el partido de Duterte sancionara a la expresidenta Gloria Arroyo y otros 11 parlamentarios por votar ante el Congreso a principios de mes en contra de la restauración de la pena de muerte.
Arroyo, quien abolió la pena capital en 2006 cuando era la presidenta del país, fue destituida el miércoles de la vicepresidencia de la Cámara de Representantes y otros 11 parlamentarios perdieron sus puestos de responsabilidad dentro de varias comisiones.
El opositor Partido Liberal condenó los castigos mediante un comunicado, y aseguró que muestran “una peligrosa deriva autoritaria” del Ejecutivo de Duterte.
El presidente espera que en mayo quede restaurada la pena de muerte, que ve como un instrumento crucial para su controvertida guerra contra el narcotráfico.
La campaña antidroga que ha iniciado Duterte desde su llegada al poder en junio de 2016 ha levantado un aluvión de críticas en algunos países y organismos internacionales. La policía ha anunciado haber matado, en legítima defensa, a más de 2500 traficantes o toxicómanos en el marco de los combates.
El mandatario, a su vez, defiende la campaña y advierte que la adicción a las drogas de unos cuatro millones de filipinos, conforme a los datos que maneja, es el principal problema del país y la mayor amenaza para las futuras generaciones.
Sputnik
Etiquetas: filipinos traficantesotoxicómanos Duterte
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