El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que el miércoles introducirá ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una demanda, con solicitud de amparo, contra la directiva de la Asamblea Nacional, a la que acusa de incurrir en delitos de usurpación de funciones y traición a la patria.

El anuncio lo hizo Maduro este martes durante un mitin al final de una marcha de transportistas (conductores de taxi y autobús, motociclistas, entre otros) organizada en Caracas por el Gobierno “en apoyo de la revolución y en rechazo de la injerencia de la OEA”, según rezaba el lema difundido en las transmisiones del acto por los medios oficiales. La consigna hacía alusión a la convocatoria hecha horas antes por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, de una reunión del Consejo Permanente de ese organismo para estudiar si la situación en Venezuela configura una ruptura del hilo constitucional según los términos previstos en la Carta Democrática Interamericana de 2001.

Aunque el propio Maduro había adelantado que solo se referiría a la iniciativa de Almagro en su programa semanal de todos los martes por la noche, sucumbió a la tentación de reaccionar en caliente y de manera por demás gráfica: mandó a Almagro a “meterse su carta democrática por donde le quepa”, ante la algarabía de sus seguidores, congregados frente al Palacio Presidencial de Miraflores, en el centro de la capital venezolana.

En lo que también aparenta ser una represalia por la invocación de la Carta Democrática, Maduro ordenó seguirle un “juicio histórico” a la directiva del parlamento, dominado por la oposición. El mandatario citó la exclusividad que la Constitución le atribuye en la conducción de la política exterior como para señalar al presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, y sus colegas de la directiva, como incursos en la usurpación de funciones.

Ramos Allup viene solicitando el derecho de palabra ante el Consejo Permanente de la OEA para exponer la crisis política que atraviesa el país suramericano. Una delegación de la bancada opositora en el parlamento, constituida por seis diputados, se reunió a fines de abril con Almagro en Washington. Según Maduro, todas esas gestiones representan un intento por promover una intervención extranjera en Venezuela, lo que, a su juicio, constituyen actos de “traición a la patria”.

El presidente venezolano instruyó a la Procuradoría General –abogacía del Estado venezolano- y a la Cancillería para que presente la demanda este mismo miércoles y se dé inicio a un juicio que, dijo, espera sea público.

Ya el 5 de mayo pasado la bancada del chavismo en la Asamblea Nacional había promovido una resolución para pedir se investigara a los diputados opositores que se reunieron con Almagro. Entonces el propio secretario general de la OEA debió emitir unas fuertes declaraciones desde Washington en defensa del derecho de los parlamentarios para verse con él.

Se da por descontado que la solicitud presidencial sea respondida favorablemente por el TSJ, al que el oficialismo controla con riendas cortas. Desde que a comienzos de este año se conformó un parlamento con mayoría de dos terceras partes de la oposición, el Gobierno ha venido utilizando sucesivas decisiones del máximo tribunal como ariete para desconocer las resoluciones de la Asamblea Nacional.

Al anunciar la acción judicial que promoverá, Maduro no explicó los alcances del recurso de amparo que se apresta a solicitar. Diversas fuentes temen que se trate de un intento por suspender a los diputados de oposición como primer paso para emascular o disolver el poder legislativo.

También este martes el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, denunciaba a través de su cuenta en Twitter que en las trastiendas del Tribunal Supremo ya se cocina un veredicto para impedir que este año se celebre el referendo revocatorio contra el presidente Maduro que la oposición exige, de acuerdo a los términos de la Constitución vigente, a manera de mecanismo de resolución de la actual crisis política.

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