Iñaki Urdangarin, marido de la infanta Cristina de Borbón, fue condenado el 17 de febrero a seis años y tres meses de prisión por delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos contra la hacienda pública por su gestión al frente del Instituto Nóos.
Dicha entidad, que Urdangarin dirigía junto a Diego Torres, obtuvo más de seis millones de euros del erario público para organizar jornadas de turismo y deportes, pero solo destinó 1,6 millones a este objetivo.
En concreto, el fiscal considera que la adjudicación de contratos entre Nóos y la entidad valenciana de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) debió someterse a la normativa de contratación pública, algo que no contempla la sentencia sobre el caso.
"Creemos que la preparación y gestación de cualquier negocio jurídico necesita someterse, para garantizar los principios de publicidad y concurrencia, a la normativa de contratación pública", explicó Horrach.
Además, el representante del Ministerio Público detalló que también encuentra motivos para recurrir la consideración que hace la sentencia sobre los delitos relativos a la malversación de caudales públicos al entender que el precio de los foros organizados por Nóos estaba justificado.
"Nosotros hacemos una valoración distinta y entendemos que hay indicios sólidos para poder imputar y condenar por un delito de malversación de caudales públicos", dijo Horrach.
Este delito, prosiguió el fiscal, llevaría aparejada "una pena que oscila entre los cuatro y ocho años de prisión", a los que "habría que sumar delitos de falsedad en delito público y mercantil".
Por tanto, si el Tribunal Supremo decidiese aceptar las consideraciones de Horrach, la condena de Urdangarin, que por el momento se encuentra en libertad provisional, podría aumentar notablemente.
Sputnik
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