España mantiene una recuperación potente. Ha hecho reformas ambiciosas. Ha estabilizado su banca, reduce el paro, gana terreno en varios frentes. "Pero el legado de la crisis no se ha superado totalmente y persisten desafíos significativos", ataca el Informe España 2017, que presenta este miércoles la Comisión Europea. La excesiva deuda y la frágil situación fiscal pasarán factura si vienen curvas, pero Bruselas alerta a España de los altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social, "entre los más elevados de la UE". Y de los problemas de un mercado de trabajo que, a pesar de la catarata de reformas, presenta una de las tasas de temporalidad más altas de los Veintiocho y arroja datos alarmantes: el 13,1% de los trabajadores españoles están en riesgo de pobreza. En el extenso informe, la Comisión revisa otros puntos débiles de España. Le recuerda que “es vulnerable a shocks en los mercados”, le afea que solo haya seguido tibiamente algunas de las recomendaciones de la Comisión y le pide mano dura con las comunidades.
La desigualdad es una de las grandes tendencias socioeconómicas de nuestro tiempo. Lo era antes de la crisis; lo sigue siendo pese a las promesas de refundación del capitalismo. Y España, a pesar de su notable mejoría macroeconómica, no sale bien parada cuando se atiende a esos indicadores. Hasta el punto de que el informe de la Comisión, al que ha tenido acceso EL PAÍS, sitúa la desigualdad, el riesgo de pobreza y la exclusión social entre los grandes retos que encara la economía española en este décimo año de Gran Recesión. "La desigualdad entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una de las más elevadas de la Unión y sigue al alza", dispara Bruselas. El índice de Gini (uno de los indicadores estrella de desigualdad) está también "entre los más altos de la UE", antes y después de aplicar los efectos redistributivos de los impuestos y las transferencias sociales. La Comisión destaca incluso que la desigualdad en el acceso a la sanidad aumenta significativamente en lo que va de crisis. Y sigue al alza.
Bruselas sitúa el déficit español en el 3,5% del PIB en 2017 y apunta a más recortes
El Informe España 2017 subraya los incuestionables progresos de la economía en los tres últimos años de expansión, pero avisa de que eso no se traduce en una mejoría automática de los indicadores sociales. La economía crea empleo y reduce el paro con rapidez. Esos logros, sin embargo, "se han traducido en caídas mínimas de las tasas de pobreza y exclusión social", y solo a partir de 2015. El riesgo de pobreza está muy por encima de las cifras que se encontró Rajoy a su llegada a La Moncloa. Los niveles, siempre superiores a la media europea, son especialmente elevados en el caso de los niños y de las personas en edad de trabajar: Bruselas destaca el riesgo de que en España se instalen tasas de pobreza notables incluso entre quienes tienen empleo.
Las razones que explican esos feos números son diversas. Bruselas subraya unos beneficios sociales "limitados" en relación a otros países, la "falta de coordinación" entre los servicios de empleo y sociales, un apoyo a las familias relativamente bajo respecto a los estándares europeos y, sobre todo, una tasa de temporalidad en el empleo que es la segunda peor de Europa y que no ha conseguido reducir la reforma laboral. "Los altos índices de contratos temporales" —el 27%, solo mejor que Grecia— "tienen consecuencias sociales negativas", "socavan el alza de la productividad y tienen implicaciones fiscales negativas", en especial sobre la Seguridad Social, que lleva cinco años en rojo.
Bruselas alerta a España del alza de la desigualdad y la exclusión social
Bruselas dispara con varios datos que se atragantan por ese flanco. Uno de cada ocho trabajadores está en riesgo de pobreza. El 28% de los ciudadanos está en riesgo de exclusión social; un tercio de los niños entran en esa categoría. Uno de cada cuatro contratos firmados en 2016 tuvo una duración inferior a siete días. Hay un "alto riesgo" de que el desempleo de larga duración se enquiste, y el paro juvenil sigue por encima del 40%. Ni la garantía juvenil ni la tarifa plana a los autónomos ni el resto de planes anunciados a bombo y platillo por el Gobierno (como el programa Prepara, que combate el paro de larga duración) han tenido un impacto significativo, a juicio de Bruselas.ElPais
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