La Comisión Europea retiene fondos FEDER tras detectar “graves deficiencias” en el control y la gestión

La Comisión Europea mantiene bloqueados 1.122 millones de euros en subvenciones europeas a España tras detectar graves deficiencias e irregularidades en el control que realizan los organismos que gestionan la aplicación y la justificación de estos proyectos. Este importe corresponde a fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), con los que Europa financia infraestructuras e iniciativas de desarrollo en materia de transportes, energía, medio ambiente o investigación. En algunos casos las suspensiones se iniciaron en 2013, en otros en 2014, y siguen sin resolverse pese a la insistencia de Bruselas.

Actualmente hay 15 órganos gestores de fondos FEDER con cantidades retenidas por la Comisión Europea debido a los incumplimientos. Entre los llamados organismos intermedios que gestionan las subvenciones del periodo 2007-2013 y de los que Bruselas considera que no han ejercido el control adecuado hay ministerios (Economía, Industria, Agricultura…), entidades públicas empresariales como el ICEX, y gobiernos regionales (Madrid, Castilla y León, Melilla).

El último informe anual de la Dirección General de Política Regional y Urbana (REGIO), que gestiona estos fondos, destaca que España es el país con más procedimientos de interrupción o suspensión de pagos. La Comisión Europea envió a una delegación de auditores a España el pasado junio con el objetivo específico de evaluar la adecuación y la eficacia de los procedimientos para corregir las deficiencias e irregularidades encontradas. Los problemas afectan a 22 de los 23 programas operativos, y van desde cuestiones técnicas de justificación de gastos a irregularidades en materia de contratación pública.

La Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICT), dependiente del Ministerio de Economía, es la que más dinero bloqueado tiene, 483 millones de euros. Este organismo gestiona los fondos asignados a varios programas operativos de investigación. Se trata de dinero con el que se financian proyectos científicos, la compra e instalación de equipamiento o la construcción de centros. En este caso, la suspensión de los fondos se produjo a finales de 2014. “Nos pidieron que cambiáramos el procedimiento para la justificación de los gastos. Se trata de entre 4.000 y 5.000 proyectos, con gastos muy pequeños, y supone mucho trabajo certificarlos”, explica un portavoz.

La Comisión Europea les dio inicialmente de plazo hasta marzo para solucionar los problemas, pero lo ha ampliado hasta mayo. “El retraso no afecta en absoluto a los investigadores”, añade el portavoz. La DGICT está adelantando los fondos que no llegan de Bruselas con cargo a los créditos de su presupuesto.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO), también dependiente de Economía, tiene bloqueados 261 millones de euros por las irregularidades detectadas, según datos de la Comisión Europea. Se trata de cantidades destinadas al Fondo Tecnológico, una línea de financiación para empresas innovadoras. Como Bruselas no está liberando los fondos, pero la línea de crédito está activa, el ICO “está adelantando íntegramente el dinero con sus propios recursos para la formalización de los préstamos”, explica una portavoz.

Irregularidades “habituales"

El Ministerio de Hacienda, del que depende la Dirección General de Fondos Comunitarios encargada de evaluar y gestionar las subvenciones europeas, asegura que este tipo de irregularidades son “habituales” y que España es el país que más fondos recibe, más proyectos financia y más organismos intermedios tiene gestionándolos. Una portavoz señaló que para el siguiente periodo de FEDER (2014-2020), “se ha contemplado la simplificación del sistema de gestión” al pasar “de 150 organismos intermedios a solo 12”.

Pese a que desde Hacienda insisten en que las deficiencias son únicamente cuestiones técnicas de justificación del gasto, y que “no hay nada ilegal ni hay fraude”, la gestión de fondos FEDER del programa Jeremie de ayuda a pymes en Andalucía está actualmente bajo la lupa de la justicia. Un juzgado de Sevilla investiga la gestión que hizo la agencia pública IDEA (Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía) de 185 millones de euros en ayudas a proyectos empresariales. Según datos de la Comisión Europea, 115 millones gestionados por IDEA están actualmente bloqueados.

Tras la visita de los auditores europeos de junio pasado, España recibió un borrador de su informe en octubre. Aún está en fase de alegaciones y se mantiene en secreto. Hacienda rehúsa divulgarlo, así como identificar los programas afectados por el bloqueo de fondos. Una carta enviada por el director general de Política Regional, Walter Deffa, a España en diciembre pasado muestra la preocupación de Bruselas por los retrasos a la hora de corregir los problemas: “Se requiere a las autoridades españolas que aseguren que los planes de acción pendientes sean completa y efectivamente implementados para resolver las serias deficiencias en los sistemas de gestión y control”.

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