La batalla se libra en la misma capital. La radical Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha llevado al centro de la Ciudad de México sus protestas contra el despido de 4.000 maestros por rechazar la reforma educativa. En un pulso que cada vez parece más débil, la antaño todopoderosa central no ha dejado de marchar y acampar por la urbe. El resultado del pulso ha sido una ciudad colapsada y el recordatorio de que la ley educativa, respaldada por una mayoría de la ciudadanía, aún genera férreas resistencias en los sectores más radicalizados.

La respuesta de la CNTE intentó ser una demostración de fuerza. Cortaron autopistas, marcharon en Chiapas y desplegaron sus fuerzas por la capital. En otra época, su avance habría terminado en violentas refriegas y puesto contra las cuerdas a los dispositivos policiales. Algo de eso ocurrió en Chiapas, pero no en la Ciudad de México. Posiblemente, porque la propia CNTE contuvo su rabia. En su recorrido entregaron pacíficamente en el Senado un pliego de peticiones, entre las que se incluye la derogación de la reforma educativa (aprobada por aplastante mayoría parlamentaria), la marcha atrás en los despidos y hasta la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “No estamos dispuestos a que la reforma imponga el miedo y la agresión a los trabajadores”, declaró un dirigente sindical, mientras sus huestes iban acampando por diferentes puntos de la capital en función de la presión de las fuerzas de seguridad.

La presión sindical chocó contra un muro. La Secretaría de Educación, al mando de Aurelio Nuño, insistió en que no cederá al “chantaje”. “No tiene sentido persistir en una lucha en una lucha que sólo busca recuperar privilegios perdidos. Nuestra mano será firme, no dura”, remachó Nuño.

En el corazón de la batalla educativa la dialéctica entre el pasado y el futuro. La CNTE, una organización de izquierda radical, surgió a finales de los setenta como una escisión del sindicato mayoritario de la enseñanza. Muy arraigada en los empobrecidos estados del sur, sobre todo, en Chiapas y Oaxaca, logró una profunda penetración en el tejido educativo y social gracias a sus redes clientelares y su control de la administración estatal.

La reforma educativa impuso el fin de este modelo. La ley no sólo acabó con la compra-venta de puestos y estableció el concurso obligatorio; sino que impuso la evaluación del profesorado. Un anatema para la coordinadora. Su respuesta fue lanzar una ofensiva para frenar la implantación de la nueva norma. El resultado ha sido una progresiva pérdida de posiciones de la CNTE.

Las encuestas dan un apoyo mayoritario al Gobierno. La reforma, para un país que se sitúa en el último lugar de la OCDE en resultado educativos, es vista como una puerta al futuro. Quizá no la óptima, pero sí mucho mejor que el antiguo modelo. Consciente de ello, el Gobierno ha decidido jugar en este terreno su última gran batalla política del mandato.

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