Santiago de Panantza, en la región amazónica de Ecuador, recuerda la fotografía de un poblado del Oeste. Las calles están casi desiertas. Los hombres, a punto de volver de las fincas, rodeadas de selva. El pasado lunes, los niños no fueron a la escuela de San Juan Bosco, a más de media hora de camino sin asfaltar. El domingo fue el Día de la Amazonía. Los nietos de Luz Salinas escuchaban con atención a su abuela, detrás del mostrador de la tienda que regenta, y a Mercedes Cabrera, de 54 años, suplente de vocal de la junta parroquial. En sus palabras, el recuerdo de lo que ocurrió el 17 de diciembre. A las seis de la mañana fue detenida junto a otras cinco personas. Tras un mes en la cárcel, volvieron a la población. “Nunca habíamos vivido militarizados”, relata esta mestiza de la comunidad, que estuvo sitiada por el Ejército.

La Provincia de Morona Santiago es escenario de un duro conflicto entre los nativos, de la etnia indígena shuar, la población mestiza que les apoya y el Gobierno de Rafael Correa, al que en el pasado llegaron a respaldar. La mecha fue la concesión de los derechos de explotación de una mina a la compañía china ExplorCobres, un proyecto que afecta a un área de más de 40.000 hectáreas y con una vigencia de 25 años.

La cesión de la explotación de una mina a una empresa china prendió la mecha

El pasado mes de noviembre, los shuar ocuparon el campamento minero y comenzaron los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En diciembre, un policía falleció durante un choque. El Ejecutivo respondió enviando el Ejército. El estado de excepción terminó oficialmente esta semana, aunque el pasado lunes, para llegar a la plaza de Santiago de Panantza, presidida por una cancha deportiva multiusos, había que pasar tres puestos de control policiales.

“Apoyamos a Correa hace años, pero el desencanto ahora es total”, asegura Mercedes Cabrera, que nació en esa aldea y que, como la gran mayoría de sus vecinos, teme la expropiación de sus viviendas y que la explotación de la mina dañe de forma irreversible el ecosistema de la región.

Muchos de los indígenas levantados, cuya población total supera los 100.00 miembros repartidos entre la selva de Ecuador y Perú, acabaron abandonando sus campamentos y se internaron en la Amazonía. A finales de enero, retuvieron durante una semana a dos militares en la localidad de Yunkuapais. El Gobierno les calificó de grupos armados, extremistas e incluso paramilitares. Tras la muerte del policía, el propio Correa les advirtió de que cualquier posibilidad de diálogo se abrirá tras sancionar a los responsables.

El Gobierno envió el Ejército tras la muerte de un policía en un enfrentamiento

En diciembre fue detenido también el presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, Agustín Wachapá, lo que aumentó la tensión con la comunidad. En una conversación con EL PAÍS en un descampado de la localidad de Sucúa, los dirigentes indígenas estallan. “A los shuar se les ha acabado la paciencia. Él está violando la ley”, asegura en referencia al Ejecutivo el vicepresidente de la federación, Milton Waam, de 38 años, que viste un polo blanco y pantalón oscuro. “No queremos minería, contamina el agua. Ahora más que nunca nos persiguen como si fuéramos animales. Y somos ecuatorianos nosotros también”, enfatiza.

Este dirigente, quien califica como enemigo del pueblo a Lenin Moreno, el delfín de Correa en las elecciones que se celebran el próximo domingo, pide una consulta sobre la explotación minera y asegura que su comunidad no posee “armas de gran calibre”. “Solo alguna escopeta”, dice, aduciendo como motivo la seguridad personal y los trabajos en la selva. Manuel Chuinda, exdirigente de la federación indígena, vaticina a propósito de la política “extractivista” del Gobierno: “Estamos pasando siete años de vacas gordas y vamos a pasar siete años de vacas flacas”.ElPais

Etiquetas: