Pese al salvavidas que ha supuesto para Grecia el Eurogrupo celebrado este martes, con promesa de reestructuración de la deuda en 2018 –si bien supeditada al calendario electoral alemán-, la palmada en el hombro a Atenas parece sólo destinada a ganar tiempo. La crisis económica, en su séptimo año de recesión tras un breve repunte entre 2014 y 2015, se extiende como una mancha de aceite; ya no solo afecta a las clases trabajadoras, laminadas por el paro y la pérdida de subsidios y ayudas sociales, también a los profesionales de cuello blanco, representantes de una clase media y media alta crecientemente abismada por los nuevos ajustes fiscales y la imperiosa liberalización del mercado de trabajo.

Tras cuatro meses ininterrumpidos de huelga que han amontonado miles de expedientes en los juzgados, los abogados han decidido prolongar su paro en junio; profesionales con traje y corbata ocupan ahora la vanguardia de las manifestaciones contra las reformas del Gobierno en lugar de los tradicionales sindicatos, que han perdido la cuenta de las huelgas generales convocadas mientras constatan su limitada eficacia. Grecia vive una movilización sin precedentes, de togas y azadones; un descontento transversal y genérico, más allá de las clases y las proclamas sindicales. Un sentimiento de cansancio extremo.

Mientras, la montaña de la deuda –330.000 millones de euros, el 180% del PIB- sigue engordando y dificultando la recuperación. Cada griego, clases pasivas, niños y bebés incluidos, adeuda unos 30.000 euros por cabeza, y seguirá haciéndolo incluso aunque las condiciones de devolución de los préstamos mejoren. Abortadas in extremis dos serias amenazas de Grexit, en 2011 y 2015, el último Eurogrupo ha conjurado el fantasma del tercero, pero apenas si ha aliviado las penurias de la economía real, más allá del desembolso de un tramo del tercer rescate (10.300 millones) que se tragarán por entero los vencimientos de la deuda en junio y julio (unos 11.000 millones).

Para Dimitris Rapidis, analista político y asesor de Syriza, “la conclusión de la primera revisión del programa [de rescate] dará algo de tiempo al Gobierno para sacar adelante sus dos máximas prioridades: incentivar las inversiones y, sobre todo, la creación de empleo”. La apuesta enfoca a cuatro sectores, “energía, transportes, agricultura y turismo, con el buque insignia de la inauguración del gasoducto TAP [Trans Adriatic Pipeline] en Salónica hace un par de semanas, una señal positiva para los mercados extranjeros”, subraya.


En un país que envejece a marchas forzadas, las pensiones han sufrido este mes su undécimo recorte desde 2010 –una merma de casi el 50% en seis años, aunque para más de un tercio de las familias helenas suponen el único ingreso-, mientras el desempleo se enquista en torno al 25%, porque su componente estructural ronda el 20%, ha recordado esta semana el FMI. “Ello quiere decir que llevará tiempo que descienda el paro, y que lo hará gradualmente: el 18% en 2022, el 12% en 2040 y el 6% sólo en 2060. La contribución de la fuerza de trabajo al crecimiento será de únicamente el -0,3%”, es la desoladora sentencia del Fondo. Aunque el primer ministro, Alexis Tsipras, asegura que el crecimiento volverá a Grecia en 2017 (así lo cree también la UE, que prevé un desarrollo del 2,7%), el balance de este largo purgatorio es pírrico: sólo el déficit público ha experimentado cierta mejoría, pero eso es algo que el ciudadano no nota en el bolsillo.

TSIPRAS SE PREPARA PARA ELEGIR CORBATA
Tras el visto bueno del Eurogrupo a la revisión del tercer rescate, un moderado optimismo se ha apoderado del Gobierno griego. La positiva señal de Bruselas es de las primeras alegrías que el primer ministro Alexis Tsipras se lleva en 16 meses de mandato, pero el hecho de haber podido superar sin daños dos votaciones muy impopulares —la reforma de las pensiones, el 8 de mayo, y un nuevo ajuste fiscal, el pasado 22— es también una victoria. Tsipras dispone de una mayoría parlamentaria de 153 escaños, sólo dos por encima de la absoluta, y cualquier brecha en su bancada habría sido letal a la hora de cumplir con las exigencias de los acreedores.

En un clima social crispado, entre protestas sindicales y ciudadanas e insistentes demandas de elecciones por la oposición, Tsipras ha logrado aprobar su última —hasta el momento— asignatura pendiente sin menoscabo en sus filas, salvo la dimisión, y la renuncia al acta, de una de sus diputadas tras votar contra dos artículos el pasado domingo; Syriza conserva el escaño. Muy pocos confiaban dentro de Grecia en que Tsipras culminara tan entero este calvario. Con la perspectiva de un alivio de la deuda para 2018, ya podrá ir eligiendo corbata, como prometió al fiar en tal efeméride la incorporación de esa prenda a su vestuario.

Paralelamente, el panorama político se reorganiza. Aunque en muchas encuestas la conservadora Nueva Democracia (ND, principal fuerza de oposición) ya supera a Syriza, ha sufrido varias escisiones por su flanco más extremo. Dos exdirigentes de ND han creado sendos partidos, uno de tinte nacionalista y euroescéptico -un sentimiento creciente tras siete años de intervención europea- y otro de características extremas, casi filonazis. Por la izquierda, la anterior presidenta del Parlamento, y buena amiga de Tsipras, Zoí Konstantopulu, ha lanzado también el suyo, Travesía de Libertad.

“El aumento de las contribuciones, hasta el 70% de los ingresos en algunos casos, golpea a las rentas medias, y las consecuencias serán terribles, rebajando a muchos profesionales a un nivel de subsistencia”, cuenta Vasilis Kampanis, presidente de la federación de profesionales liberales, sobre la impopular reforma de la seguridad social -otro requisito de los acreedores- aprobada el 8 de mayo. Para esta asociación, “un aumento de la presión fiscal tendrá como consecuencia la ruina de muchos negocios, una mayor evasión fiscal, impago de contribuciones, aumento del paro y fuga de empresas”.

“El debate más importante sería averiguar dónde han ido a parar los miles de millones perdidos durante 40 años de pésima gestión en coberturas sociales y cajas de pensiones”, subraya Kampanis. Según datos oficiales, el déficit del Instituto de la Seguridad Social (IKA, caja de pensiones de los asalariados) se eleva a mil millones; el de la caja de las profesiones liberales, a 540; y a 15.350 millones, el total de cotizaciones impagadas a la seguridad social hasta finales de 2015.

Grecia es tierra quemada, arrasada económicamente. La producción industrial declina año tras año mientras la deslocalización de empresas en los Balcanes continúa su tendencia al alza. Por eso el horizonte lejano de una reestructuración de la deuda, o al menos cierta clemencia en los plazos, no va a sacar de pobre al país ni a corto ni a medio plazo (y menos aún, sostienen los críticos, con un compromiso de superávit primario del 3,5%, el caballo de batalla en las negociaciones con los socios y un esfuerzo fiscal sobrehumano para una economía exánime). Sólo la paulatina relajación de los controles de capital vigentes desde finales de junio pasado, anunciada esta semana por el Gobierno, y la temporada turística, que aspira a superar el récord de 2015, pueden aliviar un poco un desempeño que en el futuro inmediato seguirá lastrando la eurozona como si a su flanco suroriental le hubiesen colocado unos grilletes.

Lo que queda de la economía griega es poco más que el chasis. O, dicho de otra manera, un esqueleto renqueante tras seis años de ajustes para remediar las grandes anomalías estructurales del Estado, auténticos pozos sin fondo de gasto público. En primer lugar, el gigantesco tamaño del sector público, engordado por la corrupción y el clientelismo político: en 2004 había 447.000 funcionarios, y en 2010 eran 768.000; desde el primer rescate se han suprimido unos 250.000. También se lucha a brazo partido contra la evasión fiscal, ese agujero negro que al comienzo de la crisis había hecho perder a las arcas públicas, en tasas impagadas, 60.000 millones de euros, según un informe de 2011 de la Comisión Europea. Por último, Atenas se ha empleado a fondo para aligerar el deficitario y gravoso sistema de pensiones, que durante años ha sido un sumidero en forma de innumerables fondos o cajas sectoriales... Para solventarlo, la reforma de la seguridad social ha introducido una pensión nacional, mínima, de 384 euros, y la desaparición progresiva, hasta 2018, del fondo de solidaridad complementario para las pensiones más bajas, así como los fondos gremiales, homologándolos.

Como contrapartida para los segmentos más afectados, “el Gobierno creará el Fondo de Solidaridad Social, que esencialmente redistribuirá el superávit primario que se logre en 2015 y 2016 en beneficio de los grupos más vulnerables, en forma de apoyo financiero a los hogares que no puedan afrontar el pago de impuestos y préstamos, u hogares con dificultades para acceder a bienes básicos como electricidad, agua o energía”, explica Rapidis.

La economía real, la que mueve el país día a día, también renquea, o cuando menos sobrevive. “Tras la introducción de controles de capital en Grecia, a finales de junio, el número de empresas griegas en Bulgaria se multiplicó por dos, pasando de 5.500 a 11.500, en paralelo a la apertura de 60.000 cuentas bancarias corporativas. La deslocalización se ha producido por un clima fiscal mucho más ventajoso, ya que el impuesto de sociedades es del 10%, casi 20 puntos menos que en Grecia, y los salarios más bajos”, contaba en enero Panos Kutsigos, presidente de la Cámara de Comercio Greco-Búlgara. Muchas de esas empresas deslocalizadas proceden del norte de Grecia. Porque esa región se asfixia inexorablemente por un abandono de siglos, con tasas de paro que superan en casi 20 puntos el nacional: alrededor del 40%, y hasta el 70% en el caso del paro entre los jóvenes de 15 a 24 años.

Paralelamente, la crisis de los refugiados se ha solapado con la económica, no sólo por el desembolso extra que ha supuesto al Estado su acogida, incluida la provisión de sanidad gratis para todos, o los planes de Educación para garantizar la escolarización de los migrantes desde septiembre, en todos los ciclos formativos. La presión migratoria ha tenido también un coste económico directo: el corte de las vías del tren junto al campamento de Idomeni ha supuesto pérdidas de entre 7.000 y 10.000 euros por cada mercancías varado, según el diario económico Naftemporiki. El bloqueo, que ha durado casi tres meses, ha repercutido también en la actividad del puerto del Pireo, vendido a la empresa china Cosco, al tener que desviarse la distribución de la carga hacia Bulgaria, encareciendo y retrasando el proceso. Es un somero ejemplo de la importante carta de la geoestrategia, para lo bueno (el apetito comercial chino, el trazado del gasoducto TAP) y lo malo.

La persistencia de los citados desequilibrios estructurales han acabado pagándola los de siempre, los asalariados de rentas más básicas. Porque, para lograr la fumata bianca del Eurogrupo, Grecia tuvo que dar una nueva vuelta de tuerca a la austeridad. En virtud del doble paquete de ajustes aprobado en sendas votaciones el 8 y el 22 de mayo pasados, subirán los impuestos a todos los bienes imaginables, de la propiedad inmobiliaria al turismo. El tipo más alto de IVA subirá un punto, del 23% al 24%, entre el 1 de junio y el 1 de enero próximo; además, aumentarán los impuestos sobre los combustibles (incluido el de calefacción), el café, el alcohol, el tabaco, los bienes de lujo, los servicios de telefonía fija, los juegos de azar y la televisión de pago.

Etiquetas: