El comunicado señala:

“La República de Azerbaiyán ha informado sistemáticamente a la comunidad internacional sobre los numerosos crímenes de guerra y otros delitos graves cometidos durante la ocupación de sus territorios desde principios de la década de 1990, y ha subrayado reiteradamente la necesidad de que se asuman responsabilidades.

La masacre perpetrada por las fuerzas armadas de Armenia en la ciudad de Joyalí, en la región de Garabaj de Azerbaiyán, en la noche del 25 al 26 de febrero de 1992, se cobró la vida de 613 civiles, entre ellos 106 mujeres, 63 niños y 70 ancianos. Otras 487 personas resultaron gravemente heridas, 1.275 fueron tomadas como rehenes y 150 permanecen desaparecidas. Las víctimas fueron tratadas con extrema brutalidad.

Esta atrocidad ha sido condenada internacionalmente como una flagrante violación del derecho internacional, constitutiva de crimen contra la humanidad o acto de genocidio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Azerbaiyán emitió una declaración con motivo del trigésimo cuarto aniversario de la tragedia.

Cabe señalar que los Estados están obligados a castigar los crímenes graves. Esta obligación está expresamente consagrada en los Convenios de Ginebra de 1949 para la protección de las víctimas de guerra —instrumentos fundamentales del derecho internacional humanitario—, así como en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 y otros instrumentos internacionales. El derecho internacional consuetudinario también establece la obligación de investigar y sancionar el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Azerbaiyán ha adoptado medidas decisivas para investigar y enjuiciar los delitos graves cometidos contra su población civil y otras personas protegidas durante el conflicto, en plena conformidad con su legislación nacional y sus obligaciones internacionales. A principios de este mes, los tribunales nacionales de Azerbaiyán dictaron sentencias en varios procesos penales derivados del conflicto anterior, llevando ante la justicia a los responsables de crímenes atroces.

Sin embargo, la mayoría de los perpetradores, tras haber encontrado refugio seguro en otros países, continúan gozando de impunidad. Además, la negación y el desconocimiento de estos crímenes, junto con los intentos de algunas organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y parlamentarios de terceros países de desacreditar los hechos y obstaculizar la justicia, constituyen un claro desprecio por el derecho internacional y el Estado de derecho, así como una afrenta a las víctimas y a sus familias.

La rendición de cuentas es incuestionable y debe ser una consecuencia inevitable de los delitos cometidos. Al mismo tiempo, combatir la impunidad es un componente esencial del camino hacia una reconciliación genuina y contribuye a prevenir la repetición de actos atroces. Azerbaiyán continuará sus esfuerzos para garantizar la justicia y para construir, fortalecer y mantener la paz y la estabilidad en la región”.

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