Según la ley, el Servicio de Seguridad del Estado (SSS) será la autoridad competente responsable de recibir, ejecutar y remitir las solicitudes de asistencia jurídica mutua relacionadas con la ciberdelincuencia en el marco de la convención. El SSS también prestará asistencia a otros Estados participantes en el desarrollo e implementación de medidas específicas para prevenir la ciberdelincuencia y operará un centro de contacto disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
El Ministerio de Justicia será responsable de enviar y recibir solicitudes relacionadas con la extradición o la detención provisional.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) identifica la lucha contra la ciberdelincuencia como una de las áreas prioritarias que requieren cooperación internacional para responder a las amenazas delictivas transfronterizas derivadas del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, formalmente denominada Convención sobre el Fortalecimiento de la Cooperación Internacional para Combatir Ciertos Delitos Cometidos mediante el Uso de Sistemas de Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Intercambio Electrónico de Pruebas de Delitos Graves, se abrió a la firma en Hanói el 25 de octubre de 2025.
El objetivo principal de la convención es fortalecer la cooperación entre los Estados en la lucha contra los delitos cometidos mediante los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación y establecer un marco jurídico unificado para la recopilación, el intercambio y la protección de pruebas electrónicas relacionadas con delitos graves. El documento prevé que la lucha contra la ciberdelincuencia se llevará a cabo no solo a nivel nacional, sino también mediante mecanismos de asistencia jurídica internacional, extradición y mecanismos de interacción operativa.
En el marco de la convención, los principios clave incluyen la definición unificada de los términos utilizados en el ámbito de la ciberdelincuencia, la prevención de la pérdida, alteración o destrucción de pruebas electrónicas y la garantía de la eficacia de los procesos de investigación y enjuiciamiento. El documento hace especial hincapié en la cooperación directa y operativa entre las autoridades competentes, la simplificación de los mecanismos de asistencia jurídica mutua y el establecimiento de canales de contacto ininterrumpidos.
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