El fallo "es un ejemplo de la fuerza de la democracia y los mecanismos correctores que están en su lugar para prevenir esto, y realmente ser una democracia que es lo suficientemente fuerte como para soportar un intento de control de cualquier persona", o gobierno, dijo Brenes, directora del programa para refugiados e inmigrantes de la organización The Advocates for Human Rights.
La abogada aseguró que la decisión de la corte federal es "un alivio para aquellos de nosotros que hemos estado luchando para intentar dar consejos a personas que están planeando viajar y aquellos que tienen gente fuera del país y se han movilizado".

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en la ciudad de San Francisco (oeste), mantuvo el jueves la orden librada la semana anterior por el juez James Robart, que había ordenado suspender la aplicación de la orden ejecutiva de Trump.
El fallo fue alcanzado de forma unánime por los tres magistrados que integraron el panel del tribunal.

"Creo que es una señal positiva, y particularmente la diversidad entre los jueces que tomaron la decisión, por lo menos había un responsable designado que era republicano también; creo que demuestra la naturaleza no partidista de nuestros tribunales", indicó Brenes.

Aumentan seguridad a jueces del litigio en decreto migratorio de Trump tras amenazas
Trump aseguró que apelaría el fallo contra su orden ejecutiva y que de ser necesario lo llevará a la Corte Suprema.
Sin embargo, el viernes la Casa Blanca anunció que el presidente no apelará el decreto, y que está "considerando" modificar esta orden ejecutiva o aplicar otras "que mantengan a nuestro país a salvo del terrorismo", según dijo una fuente del Gobierno a medios locales.

Pero de inmediato el jefe de Gabinete, Reince Priebus, desmintió estas afirmaciones y dijo que el Gobierno está estudiando todas las posibilidades, pero que no había descartado apelar ante la Corte Suprema.

El 27 de enero Trump firmó una orden ejecutiva que suspendía por 120 días el programa de acogida de refugiados —indefinidamente, en caso de refugiados sirios— y prohibía por 90 días la entrada de ciudadanos de Irak, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.

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