Por primera vez, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, ha reconocido públicamente que ha llegado “el momento de ofrecer una visión de conjunto de cuál fue la actuación del Banco de España durante el periodo 2008-2012”. En un artículo que este viernes publica EL PAÍS, Linde recuerda que el supervisor ha ido dando cuenta de sus actuaciones durante la crisis, pero ahora aboga por un análisis global sin precisar con qué fórmula.


"Superada la crisis y estabilizada la nueva supervisión europea y, en el marco de esta, la supervisión del Banco de España, es, seguramente, el momento de ofrecer una visión de conjunto de cuál fue la actuación del Banco durante el periodo 2008-2012", afirma el gobernador.

Ciudadanos y Podemos cuentan con el apoyo del PSOE para pedir la creación de una comisión de investigación sobre la crisis financiera, algo que, hasta ahora, ha bloqueado el Partido Popular. Luis de Guindos, ministro de Economía, ha manifestado recientemente su "plena disposición a lo que decida el Parlamento". La pérdida de la mayoría absoluta del PP podría provocar que se forme la comisión de investigación de la crisis, que, indirectamente, Linde parece impulsar.

Esta iniciativa ha llegado tras conocer que, hasta diciembre de 2015, el coste del proceso de reestructuración de las antiguas cajas quebradas ha ascendido a 60.718 millones, de los que 41.786 millones fueron aportados por el FROB y 18.932 millones por el Fondo de Garantía de Depósitos de los bancos, según el Tribunal de Cuentas. Este organismo cifró en un informe en 122.122 millones el total de recursos del Estado y del sector “comprometidos” con la banca, aunque aclara que no se conocerá la factura real hasta privatizar todos los bancos.

Linde admite, en su artículo, que las instituciones nacionales e internacionales, incluido el Banco de España, cometieron “grandes errores de previsión” durante la crisis. Pero el gobernador cree necesario distinguir entre errores y actuaciones susceptibles de reproche legal. “No tengo ninguna razón para pensar que el Banco de España no actuase en función del interés general y respetando la normativa, pero esto no quiere decir, naturalmente, que acertase siempre”, afirma.

El posicionamiento del gobernador llega después de haber realizado autocrítica a la actuación del supervisor en el pasado, aunque nunca había dado un paso tan relevante como el que ahora sugiere. Linde admitió, en el Congreso de los Diputados, en su primera comparecencia de julio de 2012, que "las instituciones nacionales e internacionales, incluido el Banco de España, cometieron grandes errores de previsión”. Entonces pronunció la famosa frase de que "se actuó con poca decisión o de modo insuficiente o inadecuado; no tuvimos éxito en la supervisión", reconoció.

El escándalo de la crisis de las cajas se acrecentó porque mientras el Estado recortaba servicios básicos a los ciudadanos, se agrandaban las cifras de dinero público perdido para siempre en el rescate de las cajas de ahorros. Además, cerca de 250 directivos y consejeros de entidades han sido imputados por su participación directa o indirecta en los abusos de las cajas. Entre los casos más llamativos están la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Bankia, las tarjetas black o Caja Castilla-La Mancha, y Novacaixagalicia. A mediados de enero pasado, cinco ejecutivos de esta antigua caja entraron en la prisión por apropiación indebida.

Existen sombras de dudas sobre la actuación del Banco de España. Hace días, EL PAÍS publicó que la Dirección General de Supervisión del Banco de España maquilló la regulación (normas y circulares contables) al estallar la crisis en 2008 para mitigar y diferir el reconocimiento de la gran morosidad, y sus consiguientes pérdidas, derivada de la expansión crediticia que alimentó la burbuja inmobiliaria. Un grupo de trabajo interno, denominado Comité Técnico de Coordinación (CTC), dio instrucciones a los inspectores para que no se exigiera el cumplimiento de la legalidad vigente a las entidades supervisadas en la refinanciación de préstamos hipotecarios y de consumo.

En 2013 se conoció que la Asociación de Inspectores del Banco de España denunció en un informe la actitud del supervisor ante las malas prácticas. “La forma habitual de reacción ante los indicios de delito es mirar hacia otro lado”, proclamó en el último punto de ese documento. Incluso Europa reclamó en el Memorándum de Entendimiento “una revisión interna formal” de los métodos de supervisión “a fin de detectar deficiencias e introducir las mejoras precisas”.

En otros países se han elaborado informes de expertos independientes o se han constituido comisiones de investigación, entre otras opciones. Parece que ahora le toca el turno a España.ElPais

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