Un policía fronterizo israelí pasa junto a una casa prefabricada, mientras es retirada, este martes durante la demolición del asentamiento ilegal judío de Amoná, en Cisjordania.

Si el Tribunal Supremo no lo impide, Israel va a emprender la senda que conduce a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya. La aprobación en la Knesset de la ley que legaliza medio centenar de asentamientos judíos no autorizados en terrenos privados palestinos en Cisjordania supone la expropiación de bienes de personas que no están representadas en el Parlamento y que viven segregadas del Estado hebreo. Con la llamada regularización de los outpost (colonias no autorizadas), Israel se encamina hacia una anexión de hecho de territorios ocupados, en rumbo de colisión contra la Cuarta Convención de Ginebra: el derecho de guerra que ampara a la población civil bajo ocupación militar.

Esto es lo que sostienen el fiscal general israelí —que se abstendrá de representar al Gobierno ante el Supremo cuando el precepto legal sea impugnado— y el líder de la oposición, el laborista Isaac Herzog —“La ley pone en marcha el tren que lleva a La Haya”, alegó en el debate parlamentario, “donde aguardan acusaciones internacionales contra altos cargos, oficiales y soldados”—. Eso mismo razonaba Benjamín Netanyahu en diciembre cuando intentaba frenar el proyecto legal de Hogar Judío para compensar a sus bases de colonos ante el desalojo judicial del outpost de Amona. Pero el partido ultranacionalista amenazó con defenestrarle del Gobierno.

“Israel ha cruzado una marcada línea roja”, advertía este martes el representante de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Próximo, Nickolay Mladenov. “Esta es la primera vez que la Knesset legisla sobre territorio ocupado palestino”. Medio siglo después de la Guerra de los Seis Días, tan solo la agregación de Jerusalén Este, refrendada en 1980 por los diputados israelíes, había afectado hasta ahora a algunas poblaciones cisjordanas absorbidas en el término de la Ciudad Santa. “La ley abre la vía a la anexión de Cisjordania y socava sustancialmente la solución de los dos Estados”, alertaba el enviado de la ONU.

Desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos no ha dejado de crecer en la extrema derecha nacionalista el coro de voces que pide la incorporación a Israel de la llamada Área C, territorio bajo control exclusivo del Ejército hebreo según los Acuerdos de Oslo, que representa un 60% de Cisjordania. Tras la llegada del mandatario republicano a la Casa Blanca, Israel ha anunciado la construcción de más de 6.000 viviendas en asentamientos.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, reclamó en París ayuda para frenar en los tribunales internacionales una ley que calificó de “agresión al pueblo palestino”. Francia, Reino Unido y Alemania, así como Turquía y Jordania, se hicieron eco de su queja, mientras EE UU volvía a guardar silencio ante el nuevo impulso colonizador.

“Esta ley muestra el manifiesto desacato de Israel al derecho internacional”, concluía la ONG Human Rights Watch. Solo han pasado ocho semanas desde que el Consejo de Seguridad reafirmara por 14 votos a favor y con la abstención de EE UU que los asentamientos israelíes en territorio palestino carecen de toda validez legal.ElPais

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