Como en Estados Unidos, en Latinoamérica también se ha instalado el debate sobre la medidas migratorias. Este debate se instaló en Chile, Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia. En Argentina cobró mayor dimensión con el decreto anunciado el 30 de enero por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que endurece la Ley de Migraciones para acelerar los procesos de deportación de extranjeros que hayan cometido delitos.

Dicha medida está siendo cuestionada por la comunidad de extranjeros residentes en Argentina. "Una vez más se retrocede en los logros conquistados por los migrantes. Nos costó mucho conseguir la Ley de Migraciones, que fue un ejemplo para muchos países donde lo que se prohibía era el ingreso a aquella persona que tenía antecedentes penales. Ahora todo eso cambió. Nos duele mucho ser catalogados como delincuentes por ser inmigrantes. Esto es lo que ha hecho este DNU, que pretende tapar la delincuencia de todo el país con la pantalla del inmigrante. El problema es mucho más complejo", dijo al programa radial de Sputnik `En Órbita` Olinda Pérez, presidenta de Mujeres Peruanas Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina.

favorables a limitar el ingreso a los inmigrantes. Alfredo Olmedo, un diputado de la provincia de Salta, limítrofe con Bolivia, es conocido por su devoción hacia el presidente estadounidense Donald Trump y propuso construir muros para frenar la delincuencia.

"Olmedo está hablando de un muro. La ministra Bullrich se refirió a los bolivianos, paraguayos y peruanos como gente que viene a delinquir al país. Hay una gran preocupación en la comunidad inmigrante. Hay muchos trámites en suspenso o en observación por algún requisito que no se cumple. Esto nos alarma", dijo al programa radial de Sputnik ‘En Órbita` Gustavo Morón, quien forma parte de un colectivo de abogados que trabajan temas de migración.

Además aseguró que el nuevo decreto especifica que "cualquier clase de delito" puede hacer caer "cualquier residencia", e indicó que se instaló un "discurso generalizado" donde los inmigrantes son "responsables de todos los delitos" que se comenten en Argentina.

"El 7 de febrero presentamos ante la Comisión Bicameral que supervisa los DNU un pedido firmado por organizaciones sociales, de derechos humanos, eclesiásticas y de migrantes para que abran un proceso de discusión por la medida de Macri. La idea es que la comisión escuche, reciba información técnica, cite a las autoridades y del Estado para explicar y debatir la reforma que introdujo el DNU", dijo a `En Órbita` Diego Morales, integrante del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, una organización que aboga por la defensa de los derechos humanos y de las minorías.

Si bien la instancia en el Congreso no tiene efecto suspensivo inmediato sobre las medidas para frenar la migración, la expectativa es que se consolide un clima social contrario a la aplicación de la normativa.

Además no se descartan las demandas individuales o grupales. "Estamos pensando en presentar varias acciones judiciales. En cada caso concreto en que se aplique el decreto es posible plantear una acción. Del seguimiento de este DNU pueden surgir casos individuales en las que se puede plantear su invalidez", aseguró Morales, quien dijo que lo que está ocurriendo en Argentina es un un "proceso complejo".

Para él es necesario "desarmar" la asociación entre inmigración y delincuencia ya que la medida tendrá "impactos graves" sobre los derechos de los migrantes.Sputnik

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