Los tres políticos independentistas, miembros del Partido Demócrata Europeo Catalán (la refundación de la antigua Convergencia Democrática de Catalunya), están acusados de haber cometido delitos de desobediencia y prevaricación al impulsar desde el Gobierno catalán la consulta soberanista del 9 de noviembre de 2014.
En ese proceso, que antes de su celebración fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, participaron 2,3 millones de personas, de las que un 80,76% votó a favor de la independencia de Cataluña.
Según opinó Puigdemont, un país que es capaz de llevar a cabo un proceso participativo como el del 9-N demuestra tener "una democracia más sana" que aquella capaz de "enviar líderes políticos a juicio".
"Hoy muchos nos sentimos juzgados", aseguró Puigdemont, antes de señalar que "los responsables de la judicialización de las reivindicaciones políticas" se enfrentarán durante este proceso judicial a "una nación que mantiene su dignidad".
El 9 de noviembre de 2014 fue, en opinión del actual jefe del Gobierno autonómico catalán, un día de "alegría" y "fortalecimiento democrático" para "una nación que obtuvo una victoria merecida".Sputnik
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