Como informa AzVision.az, así se afirma en la declaración del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán, Aykhan Hajizada, sobre la cuestión pertinente.

Se señala que los líderes separatistas, por los que Armenia ha estado preocupada durante casi 30 años, están acusados de crímenes de guerra, limpieza étnica, agresión militar, tortura y otros delitos graves, o ya han sido condenados por estos crímenes. En virtud de los Convenios de Ginebra, así como de la legislación internacional y nacional en general, Azerbaiyán tiene derechos y obligaciones de investigar y enjuiciar tales crímenes. Estas detenciones tienen pleno fundamento jurídico y no vulneran los derechos de los detenidos. Incluso suponiendo que los detenidos sean prisioneros de guerra, el Convenio de Ginebra III permite la detención de prisioneros de guerra que estén siendo procesados por un delito del que puedan ser acusados, hasta que haya concluido un juicio como éste y, si es necesario, hasta el cumplimiento de su condena.

«Todos los derechos y obligaciones de los acusados están debidamente garantizados y explicados, todo el juicio y los testimonios registrados. Se han examinado de forma independiente las acusaciones de malos tratos a presos en Azerbaiyán y estas acusaciones son falsas. Ha habido visitas periódicas de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como contactos telefónicos y por vídeo con familiares, el último en febrero.

Es bien sabido que, tras la guerra de 2020, Azerbaiyán, como gesto humanitario y de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, liberó y devolvió a su país a más de 200 armenios que tenían la condición de prisioneros de guerra o se consideraban detenidos. Sin embargo, después de que Azerbaiyán los devolviera a Armenia, algunas de esas personas fueron detenidas por las autoridades armenias e interrogadas. También cabe recordar al Ministerio de Asuntos Exteriores armenio que, tras las actividades antiterroristas llevadas a cabo en 2023, Azerbaiyán también hizo un gran gesto al permitir que las formaciones armadas ilegales armenias, compuestas por más de 10.000 personas, depusieran las armas y abandonaran los territorios azerbaiyanos.

A diferencia de Azerbaiyán, Armenia no ha iniciado ninguna investigación sobre el trato degradante dispensado a los prisioneros de guerra azerbaiyanos y a los civiles detenidos, ni ha cooperado en el suministro de información sobre el paradero de 4.000 azerbaiyanos desaparecidos. Según los testigos presenciales y numerosos hechos, todos los prisioneros de guerra azerbaiyanos fueron sometidos a tortura y malos tratos y retenidos en condiciones degradantes, lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional humanitario, incluidos los Convenios de Ginebra de 1949.

Obviamente, tal declaración de Armenia demuestra lo preocupados que están los dirigentes políticos de ese país por el juicio de las personas acusadas de crímenes de guerra, a las que en su día apoyó abiertamente en aras de continuar con su política agresiva hacia Azerbaiyán. La responsabilidad estatal de Armenia como país ocupante y agresor y varios de sus actos ilícitos es un hecho indiscutible. Por lo tanto, llevar ante la justicia a los acusados de estos actos es un proceso legítimo que no puede verse socavado por la manipulación política.

A día de hoy, Armenia, en vez de acoger con satisfacción el juicio de los acusados de crímenes de guerra, califica el proceso de «simulacro de juicio» y no tiene ningún interés en curar las heridas que ha infligido durante décadas ni en enfrentarse a la verdad que el juicio pueda revelar.

En este momento crítico, la parte azerbaiyana espera que la parte armenia se abstenga de hacer declaraciones infundadas perjudiciales para los esfuerzos de paz en la región, incluidos los relacionados con el enjuiciamiento de los autores de crímenes de guerra», declaró Hajizada.

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