En la carta se menciona que el mayor masacre se cometió durante la agresión de Armenia contra Azerbaiyán hace treinta y tres años. “En la noche del 25 al 26 de febrero de 1992, las fuerzas armadas armenias invadieron la ciudad de Joyalí en la región de Karabaj, Azerbaiyán, matando a 613 civiles, entre ellos 106 mujeres, 63 niños y 70 ancianos. Otros 1,000 residentes de Joyalí resultaron heridos, 1,275 fueron tomados como rehenes y 150 están desaparecidos”, indicó la Misión Permanente de la República de Azerbaiyán ante la ONU.

La carta subrayó que una serie de organizaciones internacionales, parlamentos nacionales, destacados abogados internacionales, periodistas extranjeros, activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales internacionales condenaron la masacre en Joyalí como un acto de genocidio o un crimen contra la humanidad.

“La evaluación general de las causas y consecuencias de la agresión, junto con las pruebas existentes, dejan absolutamente claro que los crímenes cometidos en Joyalí no fueron aislados ni esporádicos, sino que formaron parte de una política y práctica generalizada y sistemática de atrocidades motivadas por el odio étnico y religioso y la intolerancia.

Además, los métodos y medios prohibidos de guerra a lo largo del conflicto, como el ataque ilegal a civiles azerbaiyanos y asentamientos pacíficos, la toma y retención de rehenes, el maltrato y ejecución sumaria de prisioneros de guerra y detenidos civiles, la limpieza étnica, la destrucción masiva de áreas habitadas e infraestructura civil y la profanación y erradicación del patrimonio cultural y religioso azerbaiyano, fueron deliberadamente utilizados por el agresor para lograr y consolidar sus ganancias militares”, señaló la carta.

“La operación de contraofensiva y las medidas locales de contra-terrorismo llevadas a cabo por Azerbaiyán en el cuarto trimestre de 2020 y en septiembre de 2023, respectivamente, pusieron fin a la ocupación ilegal de sus territorios y aseguraron la restauración de su soberanía e integridad territorial.

Los territorios liberados revelaron la magnitud del sufrimiento humano y la destrucción. Desde el final del conflicto en noviembre de 2020, se han descubierto 18 fosas comunes que contienen los restos de más de 600 personas en esos territorios, incluida Joyalí. Estas fosas comunes arrojan luz sobre el asesinato deliberado de muchos civiles y otras personas protegidas por el derecho internacional humanitario.

En cuanto a las consecuencias legales, la obligación de los Estados de castigar los crímenes más graves está prescrita en los instrumentos internacionales pertinentes, y ha sido reiteradamente reafirmada por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad”, subrayó la carta.

“Azerbaiyán ha tomado medidas decisivas para investigar y procesar las graves violaciones del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, de acuerdo con su legislación nacional y sus obligaciones internacionales.

Sin embargo, la mayoría de los autores, al encontrar refugio en Armenia y otros países, continúan gozando de impunidad. La negación y la ignorancia de sus crímenes, junto con los intentos de obstruir la justicia mediante diversos medios políticos y campañas de difamación en los medios de comunicación, parlamentos y organismos internacionales, constituyen un claro desprecio por el derecho internacional y el estado de derecho y suponen una amenaza para las perspectivas de una paz duradera en la región. La rendición de cuentas por los delitos graves es imperativa y debe ser inevitable.

Azerbaiyán nunca olvidará las atrocidades cometidas contra su pueblo y continuará sus esfuerzos para asegurar la justicia, así como para construir, mantener y fortalecer la paz y la estabilidad en la región”, concluyó la carta.

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