En el escrito de acusación se afirma que los beneficios ilegales obtenidos mediante la explotación ilegal de los recursos pertenecientes a la República de Azerbaiyán, incluidos los ingresos de la agricultura, la extracción de materias primas minerales, la producción de energía (hidroeléctrica), el comercio minorista, la facturación de la restauración pública, los productos industriales y otras áreas de actividad, así como las actividades ilegales de la empresa Frank Müller Group, las actividades ilegales de producción de caviar y las operaciones financieras ilegales realizadas por la Sociedad Anónima Cerrada Artsakhbank, por un total de más de 20,9 mil millones de manats en daños materiales, se gastaron en la financiación del terrorismo.
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