El juicio se celebra en el Tribunal Militar de Bakú, dentro del Complejo Judicial de Bakú, presidido por el juez Zeynal Agayev, y en el que también participan Jamal Ramazanov y Anar Rzayev (juez de reserva Gunel Samadova). A los acusados se les han facilitado intérpretes en la lengua que han decidido utilizar, así como abogados defensores.

A la vista judicial participaron las víctimas, sus representantes legales, los fiscales encargados de la acusación estatal y Rufat Mammadov, jefe del Aparato del Gabinete de Ministros, quien actúa como víctima en nombre del Estado de Azerbaiyán.

El fiscal, que defendía la acusación estatal, comenzó a leer la parte final de la acusación.

Los fiscales anunciaron los actos delictivos relacionados con la ocupación de los territorios soberanos de la República de Azerbaiyán como resultado de la guerra de agresión lanzada por la organización criminal creada con la participación directa, las instrucciones y la orientación del Estado armenio y sus fuerzas armadas, así como con el apoyo material, técnico y de personal, el mando centralizado y el control estricto, bajo la dirección de Robert Sedraki Kocharyan, Serj Azati Sargsyan, Vazgen Mikhail Manukyan, Vazgen Zaveni Sargsyan, Samvel Andraniki Babayan, Vitaly Mikael Balasanyan, Zori Hayki Balayan, Seyran Musheki Ohanyan, Arshavir Surenovich Karamyan, Monte Charles Melkonian, y otros con su participación directa e indirecta, con el objetivo de la agresión militar contra Azerbaiyán en su territorio.

La fiscal Tarana Mammadova anunció que como resultado de la guerra agresiva llevada a cabo por las fuerzas armadas armenias y las formaciones armadas ilegales, 12 ciudades, 18 asentamientos, 895 pueblos y un total de 925 asentamientos, que son territorios soberanos de Azerbaiyán, fueron ocupados y permanecieron bajo ocupación durante muchos años. Esto provocó daños materiales por valor de más de 19.000 millones de manats en 37.168 propiedades privadas y públicas.

El fiscal Fuad Musayev declaró que la ocupación de la ciudad de Khankendi y su asentamiento de Karkijahan provocó la expulsión de 2.944 civiles, causando daños materiales por valor de más de 636 millones de manats en un total de 4.579 propiedades privadas y públicas.

La ocupación de la aldea de Karki del distrito de Sharur de la República Autónoma de Najchiván (actualmente la aldea de Karki del distrito de Sadarak), provocó el desplazamiento de 461 civiles y causó daños materiales por valor de más de 7 millones de manats en 54 propiedades privadas y públicas.

La ocupación de 7 pueblos del distrito de Gazakh - Baghanis-Ayrim, Ashagi Eskipara, Kheyrimli, Barkhudarly, Sofulu, Gizilhajily, Yukhari Eskipara, provocó la expulsión de 3.159 civiles, causando daños materiales por valor de más de 137 millones de manats en 896 propiedades privadas y públicas.

La ocupación del distrito de Joyalí, que incluye la ciudad de Joyalí y el asentamiento de Asgarán, con un total de 50 aldeas, causó daños materiales por valor de más de 103 millones de manats en un total de 1.067 propiedades privadas de 7.161 civiles y propiedades públicas.

El asistente principal del fiscal general, Vusal Aliyev, destacó que la ocupación de la ciudad de Shusha, el asentamiento de Turshsu y el distrito de Shusha, que comprende 37 aldeas, provocó el desplazamiento de 16.299 civiles y causó daños materiales por valor de más de 391 millones de manats en 2.769 propiedades privadas y públicas.

La ocupación de la ciudad de Khojavand, de 2 asentamientos (Girmizi Bazar y Hadrut) y del distrito de Khojavand, que comprende 80 aldeas, provocó el desplazamiento forzoso de 7.451 ciudadanos azerbaiyanos y causó daños materiales por valor de más de 340 millones de manats en un total de 2.607 propiedades privadas y públicas.

La ocupación de la ciudad de Lachin, el asentamiento de Gayghi y el distrito de Lachin, que comprende 124 aldeas, condujo al desplazamiento forzoso de 57,047 residentes, causando daños materiales por un valor de más de 2.7 mil millones de manats a un total de 15,459 propiedades privadas y públicas.

La ocupación de la ciudad de Kalbajar, el asentamiento de Istisu y el distrito de Kalbajar, que comprende 147 aldeas, resultó en el desplazamiento de 48,847 civiles, causando daños materiales por un valor de más de 2.2 mil millones de manats a un total de 17,489 propiedades privadas y públicas.

El asistente del fiscal general para Asuntos Especiales, Tuqay Rahimli, subrayó que la ocupación de varias aldeas y asentamientos en el distrito de Tartar llevó al desplazamiento de 899 civiles, causando daños materiales por un valor de más de 155 millones de manats a un total de 1,127 propiedades privadas y públicas.

La ocupación de gran parte del distrito de Aghdam resultó en el desplazamiento de 100,574 civiles, causando daños materiales por un valor de más de 3.7 mil millones de manats a un total de 31,736 propiedades privadas y públicas.

La ocupación de gran parte del distrito de Fuzuli condujo al desplazamiento de 83,544 civiles, causando daños materiales por un valor de más de 3.4 mil millones de manats a un total de 22,635 propiedades privadas y públicas.

La ocupación de la ciudad de Jabrayil, los asentamientos de Khalafli, Khudafarin, Gumlag y Mahmudlu, y el distrito de Jabrayil, que comprende 92 aldeas, resultó en el desplazamiento de 52,141 civiles, causando daños materiales por un valor de más de 2.1 mil millones de manats a un total de 15,206 propiedades privadas y públicas.

Nasir Bayramov, jefe del Departamento de Mantenimiento de la Acusación Pública de la Oficina del Fiscal General, subrayó que la ocupación de la ciudad de Zangilan y el distrito de Zangilan, que comprende 5 asentamientos y 79 aldeas, llevó al desplazamiento de 32,775 civiles, causando daños materiales por un valor de más de 1.3 mil millones de manats a un total de 9,679 propiedades privadas y públicas.

La ocupación de la ciudad de Gubadli y el distrito de Gubadli, que comprende 93 aldeas, resultó en el desplazamiento de 29,539 civiles, causando más de 1.8 mil millones de manats de daño material a un total de 10,159 propiedades privadas y públicas.

Además, la acusación afirmó que como resultado de la guerra agresiva, al menos 697 monumentos históricos y culturales pertenecientes al patrimonio cultural de la República de Azerbaiyán fueron convertidos en objetivos de ataque, utilizados para apoyar las operaciones militares, incendiados deliberadamente a gran escala, atacados con artillería y destruidos parcial o completamente por otros medios físicos. Además, se cometieron actos de robo, saqueo y vandalismo, causando un daño material superior a los 906 millones de manats a la República de Azerbaiyán y al pueblo azerbaiyano.

Asimismoi, teniendo en cuenta los fondos gastados en el bienestar social y las condiciones de vida de los civiles desplazados, el daño material total al Estado azerbaiyano debido a la ocupación de sus territorios soberanos supera los 8.800 millones de manats.

A continuación, el fiscal del Estado, Vusal Abdullayev, comenzó a anunciar los hechos del genocidio cometido contra el pueblo azerbaiyano durante la guerra de agresión, así como la destrucción total o parcial de la población sin signos de genocidio.

Se señaló que se llevaron a cabo ataques armados contra el distrito de Joyalí y los asentamientos circundantes con la intención de aniquilar a la población azerbaiyana por motivos de su identidad étnica. Durante el genocidio de Joyalí se cometieron actos de extrema brutalidad, como el asesinato de civiles, la imposición de graves daños físicos y mentales, el arrancamiento del cuero cabelludo, la mutilación (como el corte de orejas, narices y órganos genitales), la extracción de ojos, la quema de personas vivas y otras atrocidades. La acusación también afirmaba que se llavaron a cabo decapitaciones como acto de sacrificio en las tumbas de personas de origen armenio neutralizadas con el fin de prevenir actividades criminales, así como someter a mujeres, ancianos y niños a crueles torturas.No se hizo distinción entre mujeres, ancianos o niños, lo que dio lugar al asesinato deliberado de 613 personas.

El juicio continuará el 11 de febrero.

Cabe destacar que las siguientes personas también están acusadas en virtud de diversos artículos del Código Penal de la República de Azerbaiyán, en relación con los períodos de su participación en actos delictivos: Harutyunyan Araik Vladimiri, Ghukasyan Arkady Arshaviri, Sahakyan Bako Saaki, Ishkhanyan David Rubeni, Manukyan David Azatini, Babayan David Klimi, Mnatsakanyan Levon Henrikovich, Beglaryan Vasily Ivani, Ghazaryan Eric Roberti, Allahverdiyan Davit Nelsoni, Stepanyan Gurgen Gomery, Balayan Levon Romiki, Babayan Madat Arakelovich, Martirosyan Garik Grigori, Pashayan Melikset Vladimiri.

Estas personas enfrentan acusaciones bajo varios artículos, que incluyen:

Artículo 100 (planificación, preparación, desencadenamiento o realización de una guerra de agresión),

Artículo 102 (ataque contra personas o instituciones que gozan de protección internacional),

Artículo 103 (genocidio),

Artículo 105 (destrucción de población),

Artículo 106 (esclavitud),

Artículo 107 (deportación o reasentamiento forzoso de población),

Artículo 109 (persecución),

Artículo 110 (detención forzosa de una persona),

Artículo 112 (privación de libertad en violación del derecho internacional),

Artículo 113 (uso de la tortura),

Artículo 114 (mercenarismo),

Artículo 115 (violación de las leyes y costumbres de la guerra),

Artículo 116 (violación del derecho internacional humanitario durante conflictos armados),

Artículo 118 (robo militar),

Artículo 120 (homicidio premeditado),

Artículo 192 (emprendimiento ilegal),

Artículo 214 (terrorismo),

Artículo 214-1 (financiación del terrorismo),

Artículo 218 (organización de una asociación delictiva u organización criminal),

Artículo 228 (adquisición, transferencia, venta, almacenamiento, transporte o porte ilegales de armas de fuego, sus componentes, municiones, explosivos y artefactos explosivos),

Artículo 270-1 (actos que ponen en peligro la seguridad aérea),

Artículo 277 (atentado contra la vida de una personalidad del Estado o de una personalidad pública),

Artículo 278 (toma del poder por la fuerza o mantenimiento del poder por la fuerza, alteración por la fuerza del orden constitucional del Estado),

Artículo 279 (creación de formaciones o grupos armados no previstos por la ley), entre otros artículos.

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