Según Piquer, la propuesta que busca descriminalizar la interrupción voluntaria en los casos de violación, inviabilidad fetal y riesgo de muerte de la madre, "viola las garantías de confidencialidad de los médicos y los pone a cumplir un rol policial, en vez de atender a las mujeres que estén en peligro de morir".

Lo anterior, respecto a una indicación que fue rechazada en la Cámara de Diputados, porque avalaba que los profesionales de la salud no denunciaran a una mujer que recurriera a un centro médico tras haberse realizado un aborto clandestino, primando la confidencialidad médica, antes que el delito.

De acuerdo a la directiva, las organizaciones de derechos humanos abogarán porque esta premisa "vuelva a ser incluida" durante la discusión de la ley en el Senado, que se llevará a cabo a partir de marzo, tras aprobarse este miércoles en sala su tramitación en la Cámara Alta.

"Es una buena noticia que el proyecto se haya aprobado en términos generales, porque da pie para que su discusión continúe y ahora se viene el desafío de su debate en particular (artículo por artículo), para asegurar que todo salga lo mejor posible en términos de respeto a los derechos de las mujeres", agregó la abogada.

Piquer enfatizó que "criminalizar el aborto es contrario a los derechos de las mujeres", por lo que la aprobación y posterior promulgación de la ley que despenaliza el aborto en los casos mencionados, "es el piso mínimo" que se necesita para cumplir con los estándares internacionales sobre esta materia.


​En esta línea, la activista abogó para que esta nueva normativa, cuyo trabajo en el Parlamento se ha prolongado por dos años, se apruebe en 2017, durante el último año de mandato de la presidenta Michelle Bachelet, porque "corresponde darle prioridad a los derechos básicos de las mujeres".Reuters

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