El Parlamento de Turquía inició este lunes el debate sobre la reforma constitucional que, de aprobarse, transformará su actual sistema parlamentario en uno presidencialista, reforzando las atribuciones del jefe de Estado, cargo que ahora ocupa el polémico Recep Tayyip Erdogan. Todos los analistas, a izquierda y a derecha, coinciden en que se trata de uno de los cambios políticos más importantes adoptados por la República turca en su casi un siglo de existencia. “Es una transformación histórica, la más radical desde el paso del sultanato a la república en 1923 y del régimen de partido único a la democracia en 1947”, escribe el analista y director de Hürriyet Daily News, Murat Yetkin.

Erdogan pide un referéndum para que Turquía sea república presidencialista
Uno de los principales asesores de Erdogan, que pidió no citar su nombre, aseguró a EL PAÍS que la necesidad de este cambio de sistema se deriva del hecho de que actualmente tanto el presidente como el primer ministro son elegidos en las urnas, lo que provoca “una duplicidad” de centros de poder. “Actualmente no supone un problema, porque ambos son del mismo partido, pero si en el futuro fuesen de distinto partido provocaría el caos”, justificó.

La propuesta de enmienda constitucional ha sido pactada por la formación islamista gobernante, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), y el cuarto grupo de la asamblea, el Partido de Acción Nacionalista (MHP), de derecha y ultranacionalista. En el texto que se debate desde esta semana la figura del primer ministro será abolida y los turcos elegirán en comicios simultáneos –a partir de 2019- al Parlamento y al presidente, que será jefe de Estado y de Gobierno y designará al consejo de ministros sin necesidad del visto bueno del hemiciclo. Las funciones del Parlamento serán reducidas ya que se ampliarán los supuestos en que el presidente podrá gobernar mediante decreto-ley y, además, no podrá presentar mociones de censura contra el presidente ni iniciar investigaciones parlamentarias sobre éste. Sí existirá un cierto tipo de impeachment aunque requerirá una mayoría cualificada de tres cuartos de los diputados para echar al presidente. “Se trata de una manera de evitar la paralización de las instituciones y favorecer la estabilidad. De esta manera, aquel a quien elija el pueblo podrá gobernar y liderar el país”, explicó el asesor presidencial.

La oposición socialdemócrata y prokurda, en cambio, cree que la reforma sólo servirá para garantizar a Erdogan atribuciones extraordinarias. “Se termina con la separación de poderes. El presidente asumirá todas las competencias ejecutivas y parte de las del legislativo, al que se despoja de su condición de supervisor de la labor de gobierno, y controlará el poder judicial”, denunció en declaraciones a este diario la diputada Candan Yüceer, del Partido Republicano del Pueblo (CHP), el principal de la oposición: “Este nuevo sistema no se parecerá al presidencialismo de Estados Unidos ni a ningún otro de países democráticos. Su único nombre puede ser "dictadura" o "tiranía’”.

De hecho, otra de las enmiendas a la Carta Magna que se debate permitirá que sean el Parlamento y el presidente quienes designen a los miembros del Consejo Superior de Jueces y Fiscales, encargado de los nombramientos y promociones de magistrados y togados y en cuya elección actualmente también participa la propia judicatura. De esta forma, el nuevo presidente será el encargado de nombrar a la mayoría de los miembros de los principales tribunales y órganos judiciales del país, incluidos el Constitucional, el Supremo y el Consejo de Estado.

El plan del AKP es solventar el debate constitucional en dos semanas —aunque los socialdemócratas ya han anunciado que utilizarán todos los métodos posibles para alargarlo— y luego someterlo a referéndum. Para ello debe recibir el voto positivo de al menos 330 diputados (tres quintos del hemiciclo), lo que no debería ser un problema ya que islamistas y ultranacionalistas suman 356 escaños, si bien al menos siete parlamentarios del MHP han anunciado su oposición a la reforma. Una vez aprobada en el Parlamento, se convocaría una consulta a inicios de abril sin importar que el país continúe bajo una ley de estado de emergencia que el Ejecutivo ha utilizado para encarcelar a diputados opositores, periodistas críticos y activistas. “Desearíamos levantar el estado de emergencia ahora mismo. Por desgracia nos enfrentamos a un problema de terrorismo y debe continuar, pero no afectará negativamente al referéndum”, sostiene el asesor presidencial, que se muestra optimista ya que, según afirma, las encuestas que maneja auguran un apoyo del 60 % al nuevo régimen presidencial.ElPais

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