La violencia contra las mujeres se ha convertido en un problema estructural. Se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género masculino. Su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres.​ Se trata de un problema social presente tanto en el ámbito doméstico como en el público, en diferentes vertientes: física, sexual, psicológica, económica, cultural y otras, y afecta a las mujeres desde el nacimiento hasta la edad avanzada. No está confinada a una cultura, región o país específico, ni tampoco a grupos específicos de mujeres en la sociedad.

El combate contra la violencia de género tiene una importante dimensión política, según especialistas de diferentes ámbitos.​ Entre las claves para luchar contra la violencia hacia las mujeres y avanzar en la prevención, están la educación y una respuesta adecuada de la justicia que evite la impunidad. Alcanzar la equidad de género pasa necesariamente por «transformar las reglas sociales» y los roles que subordinan a la mujer, según la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Luiza Carvalho.

La forma más común de violencia experimentada por las mujeres a nivel mundial es la violencia física infligida por una pareja íntima, lo que incluye mujeres golpeadas, obligadas a tener relaciones sexuales o víctimas de alguna otra forma de abuso. Entre las formas cotidianas de violencia contra las mujeres —denuncia la ONU— se encuentran también, entre otros, el tráfico de mujeres, la mutilación genital femenina, el asesinato por causa de la dote, el "homicidio por honor" y la violencia sexual en los conflictos.

Hasta el 70 por ciento de las mujeres experimentan violencia en el transcurso de su vida.
El 25 de noviembre de 1960, en la República Dominicana, fueron asesinadas las tres hermanas Mirabal: Patria Mirabal, Minerva Mirabal y María Teresa Mirabal, activistas políticas, por órdenes del dictador Rafael Leónidas Trujillo. En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, donde se decidió marcar el 25 de noviembre como el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres, en memoria de las hermanas Mirabal.7​

En 1991 se inició la Campaña de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género en el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres proponiendo actividades para la erradicación de la violencia de género desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los derechos humanos.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en la que definió el término violencia contra la mujer como:

Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada.

Una manifestación denuncia la violencia contra las mujeres (Lesotho, 2008).
En dicha asamblea, se reconoció que era necesaria «una clara declaración de los derechos que se deben aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso de los Estados y de la comunidad internacional en general para eliminar la violencia contra la mujer».

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema en este día como una celebración internacional. Como producto de esta invitación, distintos países, como Chile y Argentina han añadido este día a sus calendarios oficiales.

El Unifem y posteriormente la ONU Mujeres renovaron anualmente el compromiso de la lucha contra la violencia de género como una prioridad.

En octubre de 2006, se presentó el Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia contra la mujer, que demuestra que existen obligaciones concretas de los Estados para prevenir la violencia, para tratar sus causas (la desigualdad histórica y la discriminación generalizada), así como para investigar, enjuiciar y castigar a los agresores.

Manifestación en el Día contra la violencia contra las mujeres en Santiago de Chile, noviembre de 2019.
En febrero de 2008, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lanzó la campaña global: "Únete para Poner Fin a la Violencia contra las Mujeres", sumándose a la campaña iniciada en 1991 por el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres de la Campaña de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género.

En 2020, dentro de esta misma campaña activista, la corporación municipal de Rivas Vaciamadrid incluye un mes de actividades lúdico-formativas para concienciar ante formas sutiles de violencia como como la invisibilización de la mujer.

Problema en el ámbito mundial: políticas públicas y lucha contra la impunidad

Ayuntamiento de Madrid, noviembre de 2015.
Aunque en la primera década del siglo XXI se ha avanzado en legislación contra la violencia de género y el feminicido, uno de los problemas que se mantiene es la impunidad.

Por otro lado, todavía muchos países tienen legislaciones precarias contra la violencia de género, debido a que su abordaje a través de las políticas públicas no es transversal y es sin duda insuficiente. Junto con diferencias culturales, la forma en que las inequidades de género se producen está relacionada con las posibilidades que brindan los sistemas políticos, económicos, sanitarios y de seguridad social en cada país para el desarrollo de sus ciudadanos. Las políticas públicas refuerzan o aminoran el impacto del género sobre la salud de las mujeres y los hombres, pues no existen políticas neutras sino solamente "ciegas al género". En este sentido, el orden social, el funcionamiento jurídico, institucional, las políticas y los programas pueden contribuir a una mayor igualdad o mantener e incluso profundizar y construir nuevas desigualdades.[cita requerida]

La ausencia de ciertas políticas indica que el Estado no se está haciendo cargo de las desigualdades de género existentes, lo que se manifiesta en distintos sectores de la vida social. Por ejemplo, la ausencia de políticas que instalen contenidos no sexistas en el sistema educativo, sin abordar allí la reproducción de construcciones culturales que atentan contra la igualdad de género.

De manera más crítica, existen leyes y políticas que no solo omiten, sino que además accionan con violencia mecanismos que generan mayores desigualdades de género; este es el caso de la interrupción del embarazo o aborto.

Etiquetas: