La Defensa, bajo cuyo mandato de la ley de explosivos están las ventas de pólvora pirotécnica que en México se utiliza todo el año en fiestas religiosas, pero con mayor consumo en las fiestas de fin de año, emitió antes de la tragedia una serie de mandatos que fueron incumplidos en el Mercado San Pablito de Tultepec, a 50 km de la Ciudad de México.

Ese mercado debería de ser el más grande y seguro del país, en un pueblo donde 300 talleres de artesanos producían y vendían sus productos en una zona acondicionada de unas cuatro hectáreas. El informe advertía que los vendedores de juegos artificiales "deben contar con barreras de protección transparentes y resistentes que mantengan los artificios pirotécnicos fuera del alcance del público y consumidores", pero varios reportajes previos a la tragedia mostraban lo contrario. "No deben existir artificios pirotécnicos fuera del sitio autorizado de venta", establecía una de las órdenes militares publicadas por el diario Reforma. Asimismo establecía que "se deben colocar en anaqueles o vitrinas ubicadas dentro del local de venta", norma que tampoco era puntualmente cumplida.

Lo que en realidad ocurría era la extensión de los espacios establecidos, el uso y venta de material explosivo prohibido y la falta de barreras de seguridad para separar los productos de los compradores. Hace una década, cuando ocurrió otra tragedia la Defensa Nacional prohibió muchos de productos peligrosos, como las llamadas "brujitas", que según la ordenanza es "un material pirotécnico de alta carga pírica y de los que reaccionan a la fricción y al choque". Una línea de investigación la coloca a ese material como un posible origen de la explosión en cadena, de acuerdo con los responsables federales que aún no terminan la indagación.

Sputnik

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