(Chicago, especial para Infobae) - Será una cumbre crucial para determinar los niveles de ganancias e impuestos que pagarán las empresas globales, en su mayoría creadas bajo la revolución tecnológica, y para las que aún no hay reglas claras. Los ministros de Economía y Finanzas del G-20, los países más ricos del mundo, se reúnen en Washington para discutir el tema con parámetros ya establecidos. El debate será sobre el acuerdo alcanzado el viernes pasado por los 136 países de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y que impone un tipo impositivo global mínimo del 15% para las grandes empresas y dificulta su evasión fiscal. Una posición que algunos economistas creen que es insuficiente y que debería subir, al menos, al 21%.

El acuerdo pretende poner fin a una situación que ya lleva cuatro décadas de duración, estableciendo un límite mínimo para los países que han tratado de atraer inversiones y puestos de trabajo gravando ligeramente a las empresas multinacionales, permitiéndoles de hecho tributar tipos impositivos muy bajos o casi nulos. En este contexto, el límite mínimo del 15% acordado está muy por debajo del tipo impositivo global de las empresas, cuya media se sitúa en torno al 23,5% en los países industrializados.

Un grupo de prestigiosos economistas, miembros de la ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, considera que el acuerdo sólo beneficia a los países más ricos. Y lo hicieron en una carta abierta publicada en el diario francés Le Monde. Entre los firmantes están Joseph Stiglitz, Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Eva Joly, José Antonio Ocampo y Jayati Ghosh. Esta es la misma posición que tienen muchos países en vías de desarrollo. Dicen que sus intereses fueron dejados de lado para dar cabida a la aprobación de las naciones más ricas. También se expresaron en ese sentido las ONGs más importantes que criticaron las numerosas exenciones del acuerdo. Oxfam, que trabaja para reducir la pobreza y el hambre en forma global, emitió un comunicado en el que dice que el acuerdo “no tiene dientes”.

Se espera que los ministros del G-20 avalen el documento aprobado por la OCDE pero que anuncien la continuidad de las negociaciones y la posibilidad de llegar a un mayor nivel de imposiciones de las empresas en las cumbres de los próximos dos años. Claro que se enfrentarán a duras resistencias. El presidente estadounidense Joe Biden apoya el incremento de las tasas globales de impuestos, pero cualquier legislación interna la tendrá que consensuar con los conservadores dentro de su propio partido y la oposición republicana. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, recibió este fin de semana una carta de un grupo importante de senadores republicanos en la que expresan su rechazo al acuerdo. El Senado debe ratificar cualquier tratado con una mayoría de dos tercios, es decir, 67 votos. Los demócratas de Biden sólo controlan 50 escaños en la cámara de 100 miembros.

Sin embargo, la reacción de los mercados estadounidenses ante el acuerdo fue discreta y algunas de las grandes empresas tecnológicas dijeron que estaban satisfechas con el acuerdo. “Nos complace ver que está surgiendo un consenso internacional”, dijo el vicepresidente de asuntos globales de Facebook, Nick Clegg. “Facebook lleva tiempo pidiendo una reforma de las normas fiscales mundiales, y reconocemos que esto podría significar pagar más impuestos, y en diferentes lugares”. Por su parte, un portavoz de Amazon afirmó que la compañía apoya el “progreso hacia una solución basada en el consenso para la armonización fiscal internacional, y esperamos su continuo trabajo técnico.”

Las negociaciones para llegar a este 15% ya insumieron cuatro años y se cerró recién cuando Irlanda, Estonia y Hungría firmaron bajo la promesa de que no será revisado en el futuro próximo. El acuerdo pretende evitar que las grandes empresas registren sus beneficios en países de baja tributación, como Irlanda, independientemente de dónde se encuentren sus clientes, una cuestión que se vuelva cada vez más acuciante con el crecimiento de los gigantes tecnológicos, que hacen negocios a través de las fronteras.

“Establecer, por primera vez en la historia, un fuerte impuesto mínimo global igualará por fin las condiciones para los trabajadores y contribuyentes estadounidenses, junto con el resto del mundo”, dijo el presidente Biden en un comunicado difundido por la Casa Blanca. La OCDE asegura que el acuerdo cubrirá el 90% de la economía mundial. “Hemos dado otro paso importante hacia una mayor justicia fiscal”, dijo a Reuters el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz. Y su homólogo británico Rishi Sunak agregó que “ahora tenemos un camino claro hacia un sistema fiscal más justo, en el que los grandes actores globales paguen su parte justa dondequiera que hagan negocios”. De los 140 países que participaron de la negociación, 136 apoyaron el acuerdo. Se abstuvieron Kenia, Nigeria, Pakistán y Sri Lanka.

Los economistas críticos firmantes de la carta del ICRICT están convencidos de que, si bien se logró un avance, este sigue siendo insuficiente. “El acuerdo tiene dos partes, una sobre un impuesto mínimo y otra sobre dónde deben tributar las grandes multinacionales”, dicen. “Es cierto que por fin se reconoce el principio de que las multinacionales son empresas unitarias que operan en múltiples jurisdicciones, en lugar de una miríada de filiales que manipulan las transacciones entre ellas para pagar la menor cantidad de impuestos posible. Pero al optar por un impuesto mínimo global del 15%, en lugar del 21% (o mejor aún del 25%, como ha venido defendiendo el ICRICT), el acuerdo juega a favor de Irlanda, una derrota para el resto del mundo”.

Los cálculos de la OCDE que serán presentados ante los ministros del G-20 indican que con un aumento impositivo del 15% se recaudarán unos 150.000 millones de dólares y los beneficios sobre más de 125.000 millones de dólares sólo se trasladarían a los países donde las grandes multinacionales obtienen sus ingresos. En cambio, si el aumento fuera del 21%, se podría generar una masa de más de 200.000 millones de dólares. “Con un 15%, se corre el riesgo de que este tipo mínimo global se convierta en la norma mundial. Los grandes perdedores serán los países en desarrollo, así como las pequeñas y medianas empresas de los países desarrollados, que seguirán pagando el tipo local completo”, dicen los economistas del ICRICT en su comunicado publicado en Le Monde.

La responsable de política fiscal de Oxfam, Susana Ruiz, fue aún más dura. “El diablo fiscal está en los detalles, incluyendo una compleja red de exenciones”, dijo en un comunicado. “En el último minuto se ha añadido un colosal periodo de gracia de 10 años al impuesto de sociedades global del 15%, y las lagunas adicionales lo dejan prácticamente sin efecto”. Se refiere a las controvertidas cláusulas por las que las empresas con activos reales y empleados en un país pueden asegurarse de que una parte de sus ingresos evite el nuevo tipo impositivo mínimo. También, el nivel de la exención se reduce durante un periodo de 10 años.

Ahora todo está en manos de los ministros de Economía y Finanzas reunidos en Washington quienes tendrán que encontrar un consenso y entregarlo para su aprobación final a los presidentes y primeros ministros del G20 que se reunirán en una cumbre a finales de mes en Roma. Habrá que leer con mucho detalle la letra chica de lo que se firme, como advierten los contadores. Allí estará la clave para saber si se podrían reabrir las negociaciones en los próximos dos años o si todo queda reducido a este magro 15%.

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