Los alrededor de 2,5 millones de personas con derecho a voto en las elecciones el domingo a la cámara regional de Berlín podrán participar asimismo en el referéndum convocado por una iniciativa ciudadana para expropiar a las grandes inmobiliarias tras recoger 349.658 firmas, el doble de las necesarias. Esta consulta se celebra al mismo tiempo que los electores alemanes están convocados a las elecciones generales, unos comicios que ponen fin a los 16 años de Gobierno de la canciller Angela Merkel.

El objetivo de la iniciativa “Expropiar Deutsche Wohnen & Co” es lograr que el Senado (Ejecutivo de Berlín) redacte un proyecto de ley para “socializar más de 240.000 inmuebles” pertenecientes a “grandes empresas inmobiliarias con ánimo de lucro” que posean más de 3.000 viviendas, que pasarían a ser de propiedad pública.

“El concepto de expropiación es un poco engañoso, porque en realidad lo que pretendemos hacer se llama socialización, artículo 15 de la Ley Fundamental”, explica en entrevista con Efe Ingrid Hoffmann, una de las portavoces de la iniciativa, que no quiere que se publique su nombre real por miedo a represalias.

“Con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva o de otras formas de gestión colectiva por una ley que fije el modo y el monto de la indemnización”, dice el artículo 15.

En cambio, la expropiación se rige por el artículo 14 “y se aplica a cada rato” para lograr otro objetivo, como construir una autopista o abrir una mina, y “la gente que es expropiada más o menos espera ser indemnizada por el valor de mercado”, aunque en la práctica no siempre es así, agrega Hoffmann.

Con el artículo 15, la expropiación sigue “su propio fin”, el de la socialización, de “establecer un sistema de economía en común”, precisa.

La propuesta de esta iniciativa indica que las empresas afectadas sean indemnizadas “muy por debajo del valor de mercado” en base a lo que dicta la Ley Fundamental en cuanto a que “la indemnización se fijará considerando en forma equitativa los intereses de la comunidad y de los afectados”.

Asimismo, propone la creación de una institución de derecho público para gestionar los bienes expropiados, que cuente con la participación democrática de la sociedad, los inquilinos, los empleados y el Senado y que estipule en sus estatutos que estas propiedades no podrán ser privatizados.

La iniciativa sostiene que estas grandes inmobiliarias son “las principales responsables de los precios de locura” de los alquileres en Berlín, al basarse su modelo de negocio, agrega, en el beneficio proveniente del incremento de los mismos.

“Hay que construir, nosotros no estamos en contra”, dice Hoffmann, pero recuerda que “el objetivo de la campaña no es crear más vivienda” sino “garantizar los alquileres moderados que todavía existen en esta ciudad”.

Según los cálculos de la iniciativa, la indemnización a las grandes inmobiliarias “se puede refinanciar completamente a partir de los alquileres que entran con estas 240.000 viviendas a la entidad de derecho publico” que propone crear. De esta manera, “el presupuesto de la ciudad no queda afectado en nada” y es decisión del Gobierno berlinés si quiere destinar más dinero a la construcción de vivienda social, indica.

La empresa inmobiliaria Deutsche Wohnen, que posee unas 113.000 viviendas en la ciudad, es claramente el principal objetivo. Pero muchas otras empresas se verían afectadas, como Vonovia (que actualmente intenta comprar Deutsche Wohnen) y el Grupo Pears.

En opinión del jurista Ulrich Battis, incluso si el domingo una mayoría de los votantes -más del 50 % y al menos un 25 % de los ciudadanos con derecho a voto- se pronuncia a favor de la expropiación de grandes inmobiliarias, la iniciativa no sería implementable.

La socialización “sería una injerencia desproporcionada en la propiedad privada y viola el principio de igualdad” al afectar sólo a un parque inmobiliario de más de 3.000 viviendas, señala al diario “Berliner Zeitung”.

Además, el préstamo contratado por una institución de derecho público para financiar las indemnizaciones sería una forma “inadmisible” de eludir el “freno de la deuda”, agrega.

A ello se suma que la ciudad-estado de Berlín carece de competencias legislativas para una ley de socializacion, precisa.

Para ello se remite al mismo argumento presentado por el Tribunal Constitucional en abril pasado para tumbar la ley del gobierno regional que congelaba los precios de los alquileres al haber legislado ya las autoridades federales en esta materia.

No obstante, Hoffmann rechaza este argumento y recuerda que en el caso del artículo 15, al no haber sido aplicado nunca en la historia de la República Federal desde 1949 -tampoco a nivel federal- no existe una preferencia del Estado sobre los “Länder”.

Se trata de “un terreno jurídico completamente virgen y no se sabe lo que va a decir el Tribunal Constitucional, que a fin de cuentas va a tener que decidir sobre esto”, agrega.

Tan escabroso como el frente legal puede ser el frente político. Berlín está gobernada actualmente por una coalición de la izquierda formada por el SPD, los Verdes y el Partido La Izquierda. La propuesta les divide profundamente. El partido La Izquierda, de extrema izquierda, la apoya firmemente, mientras que los Verdes han dado señales contradictorias. El SPD, que probablemente seguirá siendo el mayor partido de Berlín tras las elecciones, se opone, al igual que los principales partidos de la oposición.

Mientras, los organizadores obviamente creen que su propuesta puede “acabar con la crisis inmobiliaria” y “rescatar Berlín”. Sin embargo, está claro que la votación del 26 de septiembre no será la última palabra en el debate sobre la falta de vivienda en Berlín.

infobae

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