La mayoría de ministros del PSOE renunciarán finalmente a su acta de diputado. Y con carácter inmediato, según avanzan fuentes gubernamentales a EL PAÍS. Pedro Sánchez retoma una idea que tenía clara desde las elecciones generales del pasado abril, pero que no había llegado a ejecutar tras presidir durante casi un año un Ejecutivo en funciones. La decisión es unilateral del PSOE y no afecta a los ministros de Unidas Podemos. El presidente también mantendrá el acta y prevé alguna excepción más.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, es la persona de confianza a la que Sánchez ha encargado comunicar a los ministros socialistas la decisión estratégica de dimitir como diputados. El Ejecutivo dispone de un estrecho margen en el Parlamento para sacar adelante la acción legislativa, lo que a hace que cada voto sea clave. La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha asumido el encargo de trenzar alianzas transversales, con diferentes aliados en función de los temas a tratar. Sánchez fue investido presidente por solo dos votos (167 a 165), gracias a la abstención de ERC. Un resultado que el presidente tiene grabado a fuego ya que es plenamente consciente de que podría reproducirse en votaciones vitales para la supervivencia del Gobierno, como la de los Presupuestos, que dependerá de ERC. La labor de los ministros, a veces con compromisos en el extranjero, como las cumbres de la Unión Europea, puede impedirles en ocasiones estar presentes en el Congreso.

Reiniciada la actividad en las Cortes, la intención de Sánchez es repetir de inmediato, según las fuentes consultadas, la fórmula que ya aplicó tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, en junio de 2018. Entonces los tres ministros que eran diputados tuvieron que renunciar al ajetreo diario del Parlamento: José Luis Ábalos (Fomento), Margarita Robles (Defensa) y Meritxell Batet (actual presidenta del Congreso y entonces ministra de Administraciones Públicas).

Los planes de Sánchez no afectan a seis de los ministros de la cuota socialista, porque no son diputados. El resto, incluidos los independientes como Robles, Fernando Grande-Marlaska (Interior) y Pedro Duque (Ciencia e Innovación), fueron en las listas del 10-N. Nadia Calviño, vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, rechazó ser diputada. La titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, era consejera de Economía en Canarias. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social, presidía la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha desarrollado su carrera en organismos internacionales como el Centro de Comercio Internacional, una agencia conjunta de la Organización Mundial del Comercio y de Naciones Unidas. El ministro de Sanidad y secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, tampoco es diputado. Y en el caso del titular de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, era portavoz adjunto en la Asamblea de Madrid.

El socio minoritario del Gobierno de coalición no se plantea bajo ningún concepto que sus diputados que ocupan asiento en el Consejo de Ministros dejen el acta. Uno de los argumentos que esgrimen es que, de hacerlo, los principales referentes del grupo confederal perderían la seguridad que otorga el escaño en el caso de que Sánchez los cesase.

El presidente, remarcan fuentes de Unidas Podemos, es también el secretario general del PSOE. Y hasta noviembre receló de una coalición con Pablo Iglesias. Además del secretario general de Podemos, nombrado vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, es el coordinador federal de IU. Conclusión: los líderes de las principales formaciones a la izquierda del PSOE no renunciarán a la autonomía que les asegura la condición de diputados. El titular de Universidades, Manuel Castells, es el único de los ministros de Unidas Podemos que no fue en las listas del 10-N.

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