Las calles del céntrico barrio de Hamra en la capital libanesa, Beirut, se convirtieron este viernes en una ratonera donde policías antidisturbios persiguieron a docenas de enfurecidos manifestantes. Los primeros iban armados con porras y máscaras antigás. Los segundos, que han proclamado una “semana de la ira”, avanzaron entre nubes de gas, empecinados en reventar las vitrinas y cajeros de todo banco que encontraron a su paso. “Vamos camino a la hambruna y ya nos hemos cansado de cantos pacíficos”, gritaba un joven con el rostro cubierto por un pasamontañas. El Gobierno nos va a escuchar, aunque sea por las malas”, agregó, antes de rociar un contenedor con gasolina y prenderle fuego.

Tras dos semanas de relativa calma, Líbano entra en el cuarto mes de protestas antigubernamentales con un saldo de un centenar de heridos y una cifra similar de detenidos. Una vez liberados la mayoría de los arrestados, la ministra del Interior, Raya al Hassan, ha pedido disculpas por el “exceso de violencia policial” y ha abierto una investigación. La medida no ha logrado aplacar el hastío de una población que acusa a la élite gobernante desde hace 30 años, gracias a un peculiar sistema confesional y de reparto de cuotas, de saquear al país y de llevarlo a la quiebra. Piden su reemplazo por un Gobierno de tecnócratas.

Aunque las protestas disminuyen en tamaño desde que estalló la revuelta el 17 de octubre, las manifestaciones se mantienen y cada vez más se dirigen contra los bancos y las instituciones estatales acusadas de conducir al Estado hacia el colapso. El descontento ha sido impulsado por una crisis económica agobiante, una de las peores desde la guerra civil de Líbano, entre 1975 y 1990.

En vísperas del inminente colapso financiero, continúa el impasse político desde la dimisión, el pasado 30 de octubre, del primer ministro, Saad Hariri. Su sucesor, Hasan Diad, no logró anunciar este viernes la formación de un nuevo Gobierno, tal y como había prometido. Los nombres de los 18 potenciales ministros, frente a los 30 actuales en funciones, circularon en la tarde del jueves en los grupos de WhatsApp de activistas que se han convertido en los centros neurálgicos para la movilización y coordinación de las protestas en todo el territorio.

La renuncia de Hariri selló la muerte del statu quo pactado entre los dos bloques políticos, suníes y chíies con los cristianos divididos de lado y lado, en un Gobierno de unidad nacional que no ha llegado al año de vida. La coalición mayoritaria está formada por el tándem chií Hezbolá-Amal y el principal partido cristiano maronita, que lidera el presidente Michel Aoun, que propugnan la formación de un Gobierno tecno-político. El segundo bloque agrupa al grueso de la representación suní —encabezada por Hariri— y a la segunda fuerza cristiana, y respalda a los manifestantes en la formación de un Ejecutivo de especialistas.“Si no han logrado ponerse de acuerdo en el reparto de carteras y en los nombres de quienes las ocupen, poco podrán hacer para recobrar la confianza de la comunidad local e internacional”, asegura por telefóno Samer Franyieh, profesor de Ciencia Política de la Universidad Americana de Beirut y figura relevante en las movilizaciones.

“Tampoco podrán frenar el inminente colapso bancario y la rápida deterioración de la situación que se espera a final de este mes cuando los trabajadores no reciban sus salarios”, añade. “Políticos, no acusen al pueblo, acúsense a sí mismos de este caos peligroso”, escribió el miércoles el coordinador especial de Naciones Unidas para Líbano, Jan Kubis, en su cuenta de Twitter. La caída de los ingresos del turismo, de las remesas y la estampida de inversores extranjeros han agravado la escasez de divisas en un país que importa el 80% de lo que consume. Además, la comunidad internacional ha condicionado el desbloqueo de los 9.800 millones de euros prometidos en 2018 en París a la formación de un nuevo Gobierno que responda a las “legítimas demandas de los ciudadanos”.

Insatisfechos, aunque hoy son muchos menos del millón de personas que se calcula llegaron a protestar en octubre (el 25% de la población), cientos de manifestantes volvieron a cortar este viernes las principales arterias del país y a congregarse frente al banco central en Beirut. Arremetían contra su director, Riad Salameh, por no imponer una regulación sobre los bancos para la retirada de divisas. La aparente permisividad de la autoridad monetaria se ha traducido en controles de capital oficiosos por parte de los bancos en el país. Cada mañana se forman largas colas frente a sus ventanillas, hoy reforzadas por guardias de seguridad y militares, para evitar que los clientes liberen su frustración a puñetazos.

La libra libanesa (LBP) ha perdido hasta un 60% de su valor en las casas de cambio, rompiendo el tipo de cambio que se había mantenido en 1.507 libras frente al dólar desde 1997. El país acumula una de las deudas públicas más importantes del mundo de casi 76.000 millones de euros, el 150% del PIB. “Mi marido tiene diabetes y toma pastillas para el corazón. La medicación cuesta unas 500.000 libras mensuales (300 euros) pero tenemos 134.000 libras de pensión y el partido ya no nos ayuda”, lamenta Sahyan Yaber, de 84 años, en el popular barrio Jeneine Saint Simon de Beirut. No especifica a qué partido se refiere, pero su situación es compartida por el 30% de libaneses que según la ONU viven bajo el umbral de la pobreza.

La crisis económica amenaza con sumergirles en la pobreza absoluta conforme los negocios cierran, los salarios se reducen a la mitad y las tradicionales ayudas de partidos y clanes confesionales no llegan para cubrir los gastos y hacer frente a unos productos básicos cuyos precios han aumentado en un 25%. Los importadores de medicamentos y alimentos advierten de que se les acaban las existencias por falta de divisas con que pagar a los proveedores.

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