El organismo afirmó que a la cita "para ver el tema de la reconstrucción en Venezuela" han asegurado su presencia por el continente americano los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves y Uruguay.

Asimismo, entre las principales delegaciones figuran las de Australia, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

El Vaticano también ha confirmado su presencia en el evento así como tres organismos internacionales: la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF; antes Corporación Andina de Fomento).

La Cancillería de Perú anunció el 3 de julio la realización de esta cita con países de los 5 continentes con el objetivo de "crear un entorno internacional que contribuya a que los propios venezolanos puedan superar la grave situación que atraviesa Venezuela, sobre la base de su ordenamiento constitucional, los principios del derecho internacional y la plena vigencia del sistema democrático".

El 30 de julio, la Cancillería de Rusia declinó participar de la conferencia al dudar que sea correcto "un enfoque que prevé discusiones sobre los 'problemas de democracia' en Venezuela sin la participación de los mismos venezolanos, representados por el Gobierno de (Nicolás) Maduro y otras fuerzas políticas".

La conferencia durará un día y se realizará en las instalaciones del hotel Westin de la capital peruana.

La reunión se lleva a cabo en momentos en que el Gobierno de Maduro y la oposición participan de un diálogo mediado por Noruega para poner fin a la crisis política que se agudizó en enero, cuando el legislador Juan Guaidó se autoproclamó "presidente encargado" y logró el apoyo de decenas de países.

El Gobierno venezolano afirma que EEUU es el causante de la crisis con la imposición de sanciones económicas y con intentos de golpe de Estado.

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