El nuevo fiscal general seleccionado de una terna de aspirantes presentada al Senado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, será Alejandro Gertz Manero, quien de 2000 a 2004 fue secretario federal de Seguridad Pública, durante el Gobierno del entonces presidente Vicente Fox (2000-2006).
El cargo estaba acéfalo desde el 10 de febrero de 2014, cuando fue aprobada la reforma del Artículo 102 de la Constitución, que estableció la creación de este nuevo órgano Constitucional, debido a falta de acuerdo político entre las fuerzas representadas en el Congreso.
El nuevo fiscal estaba encargado de los procesos judiciales de un extenso plan contra el robo de combustibles que cuesta al país más de 3.000 millones de dólares anuales, en el cual ya logró casi medio millar detenciones, a pesar de que ha causado desabastecimiento de 70% de las gasolineras del centro del país incluida la capital.
Gertz, de 79 años, comenzó su carrera en 1975 como jefe de la Unidad Defensora del Patrimonio Cultural de la Nación de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR), y posteriormente fue coordinador nacional de la campaña contra el narcotráfico de la PGR en 1976.
De 1998 al 2000 fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el primer Gobierno capitalino del Partido de la Revolución Democrática (PRD; centroizquierda) que lideró 20 años la megalópolis, hasta 2018, cuando perdió los comicios ante el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), una escisión del PRD encabezada por López Obrador.
Organizaciones civiles independientes cuestionaron el mecanismo de elección del nuevo fiscal general, tras una larga batalla por una fiscalía que sea autónoma e independiente del presidente de la República en turno, y de los poderes fácticos, movimiento que con el proceso recién culminado sufre un duro revés.
La designación del titular de Fiscalía General "ha sido una simulación, se privilegió cercanía (con el actual presidente) y se reprodujeron prácticas que no abonan a transformar el país", dijo el colectivo Fiscalía que Sirva.
Más de 300 organizaciones defensoras de los derechos humanos y expertos en seguridad pública que integran esa red dijeron en un comunicado que "persistiremos en nuestra crítica responsable y constructiva para contribuir a crear un país más justo".Sputnik
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