La norma suprema del ordenamiento jurídico español llega a su 40 cumpleaños con graves problemas: la crisis del concepto territorial de la mano del conflicto catalán, el desprestigio de la institución de la Corona y la aparición de la extrema derecha en el panorama político.

Este 6 de diciembre se conmemora la ratificación del pueblo español de la Constitución que daba carpetazo a cuatro décadas de franquismo. Si bien en su día fue aprobada por el 87,78% de los ciudadanos, que representaban un 58,97% del censo electoral, la Carta Magna española no llega a la cuarentena en buen estado de salud.

Diversos partidos políticos y sectores sociales reclaman cambios, algunos menores y otros sustanciales, mientras que por el contrario, otros partidos y colectivos la sacralizan y defienden a ultranza.

Irrupción de la extrema derecha
La irrupción de la extrema derecha en el panorama político español es una prueba de fuego para la resistencia de la norma suprema española. Vox acaba de conseguir representación en las elecciones andaluzas, la región más poblada del país. En su programa político apuesta por varias medidas que son contrarias al contenido de la Constitución, como la eliminación de las Autonomías.

Las propuestas de esta formación defienden prohibir el aborto y eliminar el matrimonio homosexual así como la Ley de Violencia de Género, entre otras polémicas cuestiones, que suscitan el rechazo de amplias capas de la población. De hecho, una petición online que pide su ilegalización lleva ya recogidas más de 26.000 firmas.

Se trata de la primera vez desde 1982 que un partido de estas características obtiene representación en una Cámara legislativa española, y es que hasta ahora el paraguas del Partido Popular aglomeraba a todas las sensibilidades de la derecha.

Independentismo contra unidad nacional
Uno de los flancos por el que la norma básica está más cuestionada es en lo que respecta a la concepción territorial del Estado. La legislación suprema proclama la "indisoluble unidad de la Nación española", pero el desafío independentista catalán ha puesto en tela de juicio este precepto. Es precisamente en base a este artículo por lo que el Estado español no concibe la celebración de un referéndum de autodeterminación que pudiese abrir la puerta a la independencia de una parte del país.

Pero no solo desde Cataluña hay críticas a este respecto. Otros sectores abogan por una República federal, como es el caso del partido Podemos, liderado por Pablo Iglesias.

En el lado opuesto, voces de la derecha apuestan por recentralizar el Estado. España cuenta con 17 Comunidades Autónomas, que tienen un Gobierno y una Cámara legislativa y que tienen traspasadas las competencias en muchos sectores, como son la educación y la sanidad. Vox aboga directamente por la eliminación de las Autonomías. Otros, como el Partido Popular o Ciudadanos quieren que algunas de las competencias ahora asumidas por las regiones vuelvan a manos del Estado.

Descrédito de la Monarquía
Pero, quizá, la institución más 'tocada' de todas cuantas recoge la Constitución es la Monarquía. El desprestigio comenzó durante los últimos años del reinado del anterior monarca, Juan Carlos I, actual rey emérito. Primero salió a la luz el caso Nóos, por el que su yerno ha acabado cumpliendo condena en la cárcel. Después vinieron el escándalo de su 'amiga' Corinna, la polémica de su cacería en Botsuana –donde se rompió la cadera–, y los rumores constantes sobre su papel como comisionista cuando ha intervenido para cerrar tratos comerciales que beneficiaban a empresas españolas.

Todo lo anterior desembocó en la abdicación de Juan Carlos I, pensando que su sustitución por una figura como la de su hijo, Felipe VI, regeneraría la Corona. Lo cierto es que no ha sido así, y el papel de éste último el 3 de octubre de 2017, cuando dirigió un discurso a la nación con motivo del referéndum catalán declarado ilegal y celebrado tan solo dos días antes, fue muy criticado.

El propio origen de la Monarquía en España está muy cuestionado. Juan Carlos I fue elegido como heredero al trono por el dictador Francisco Franco, que lo designó su sucesor en la Jefatura del Estado. De hecho, su proclamación se produjo el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del dictador, y tres años antes de que se votara la Constitución. 

Su inclusión en la Carta Magna no estuvo tampoco exenta de polémica. En 1995 el propio Adolfo Suárez, presidente del Gobierno cuando se aprobó, le reconocía a la periodista Victoria Prego que "la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros" le pedían "un referéndum sobre Monarquía o República". Sin embargo, admitía que "hacía encuestas y perdíamos…". Por lo que finalmente se optó por introducirla en un texto que debía ser votado al completo, hurtando la posibilidad a los españoles de elegir entre Monarquía o República.

Un texto superado por los tiempos
La España que dio a luz la Constitución de 1978 es muy diferente a la que existe hoy en día. En ese año el país hispano no pertenecía a la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea) y era considerado un país subdesarrollado por el Banco Mundial (así siguió siendo hasta 1991). Los españoles pagaban en pesetas, una moneda que podían devaluar para capear las crisis económicas. Ese año se legalizaron los anticonceptivos, a la vez que el adulterio dejaba de ser delito y se sentaban las bases del divorcio, que llegaría en 1981.

Los avances de la sociedad española han hecho que muchas partes del texto constitucional se hallen a día de hoy obsoletas:

Los tribunales de honor, a pesar de estar recogidos en la Carta Magna referidos tan solo al ámbito castrense, finalmente han sido suprimidos definitivamente a través de una ley orgánica.
También se menciona el servicio militar obligatorio, que dejó de existir en España en 1999.
Asimismo nombra a los "disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos", nomenclatura ampliamente superada en la actualidad por otros términos como el de discapacitatos o personas con diversidad funcional.
En la norma existe una mención explícita a la Iglesia católica, a pesar de que se dice que "ninguna religión tendrá carácter estatal".
Y una de las contradicciones más discutidas de su texto es la preeminencia del hombre sobre la mujer en el acceso a la Corona. A pesar de enunciar que no puede haber discriminación por razón de sexo, en el caso de la institución de la Monarquía sí se admite y se legisla la marginación de la mujer. 

¿Necesita una puesta a punto?
Desde el partido de Pablo Casado, el Partido Popular, se cree que necesita pequeños cambios, pero opinan que es un riesgo hacerlo en estos momentos con el melón abierto de la cuestión catalana.

Ciudadanos también apuesta por pequeños retoques, como la supresión de los aforamientos de los parlamentarios .

Los partidos progresistas son más ambiciosos a este respecto y abogan por grandes transformaciones. Es el caso de Podemos, que defiende la supresión de la Monarquía, para lo que sería necesario un referéndum.

El presidente español, Pedro Sánchez, del partido socialista, también es partidario de algunos cambios de más calado, aunque es consciente de que no da tiempo a llevarlos a cabo en esta legislatura.

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