Uruguay espera documentación de Perú para decidir asilo de Alan García

  21 Noviembre 2018    Leído: 900
Uruguay espera documentación de Perú para decidir asilo de Alan García

El vicecanciller de Uruguay, Ariel Bergamino, afirmó que su país está a la espera de la documentación de parte del Gobierno de Perú para definir si le concede asilo político al expresidente Alan García (2006-2011), investigado por recibir presuntos sobornos de la empresa Odebrecht.

"Estamos esperando documentación, elementos que permitan a Uruguay tener una visión panorámica a partir de la cual nosotros también hacer nuestras propias evaluaciones y determinar si se concede o no el asilo solicitado", sostuvo Bergamino en conversación telefónica con el Canal N.

El funcionario aclaró que Uruguay no ha requerido información de Perú, por lo que no tiene conocimiento de lo que enviará el Gobierno del país andino.

"Nosotros no requerimos información. La convención indica que el Estado territorial, en este caso Perú, tiene derecho a presentar información, documentación, y Perú va a hacer uso de ese derecho", expresó, refiriéndose a la Convención de Caracas de 1954 sobre los procesos de asilo, de la cual son firmantes ambos países.

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, indicó el lunes que "a más tardar el martes" su Gobierno estará enviando la información sobre el caso.

Frente a la declaración de Vizcarra, Bergamino afirmó que se está "en plazo" en los trámites y que la decisión final que tome su Gobierno se hará en un tiempo "prudencial".

El 17 de noviembre, Alan García ingresó en la residencia del embajador de Uruguay en Lima para solicitar asilo político, argumentando ser víctima de persecución política.

El exjefe de Estado es investigado por la Fiscalía por haber, presuntamente, recibido cerca de 8 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht como sobornos por la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

El mismo día en que García ingresó a la residencia del embajador, el Poder Judicial de Perú había dictado impedimento de salida del país en su contra por un lapso de 18 meses.


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