"La postura de la Unión Europea está en primer lugar alineada a un acuerdo con el Gobierno de los Estados Unidos de presionar al Gobierno venezolano, fundamentalmente para buscar alterar la estabilidad política, la paz relativa existente en el país y acrecentar un proceso de dificultades económicas", expresó.

La Unión Europea anunció la prórroga de sus sanciones unilaterales contra Venezuela hasta noviembre de 2019.

"Ante el continuo deterioro de la situación en Venezuela, el Consejo de la UE dispuso el 6 de noviembre prolongar las medidas restrictivas individuales hasta el 14 de noviembre de 2019", señaló el organismo en un comunicado.

Toma de posesión, fecha clave
Para Ortiz, con la extensión de las sanciones la UE, busca presionar al Gobierno venezolano, de cara al nuevo período de gestión del presidente Nicolás Maduro, que inicia el próximo 10 de enero.

"Están buscando mantener un nivel de presión, puede ser un poco menor al del Gobierno de EEUU, pero sí, significativo, en función de un escenario y una fecha clave, como lo es el 10 de enero de 2019, en la cual inicia el nuevo período constitucional de la presidencia y para el cual ha resultado electo Nicolás Maduro para ejercer el cargo por seis años más", indicó.

El comunicado de la UE señala que, para el Consejo Europeo, estas sanciones son "flexibles y reversibles" y "no están diseñadas para perjudicar a la población venezolana".

Postura de la cual difiere Ortiz, pues asegura que las sanciones afectan tanto a los ciudadanos como a las empresas privadas.

"Cualquiera que en estos momentos pretenda decir que las sanciones, que viene llevando a cabo el Consejo Europeo, la Unión Europea y Estados Unidos no afectan sensiblemente a Venezuela y en especial a sus ciudadanos, está mintiendo, al punto tal que incluso factores de la empresa privada venezolana, que han intentado la inyección de recursos financieros para traer insumos, para el desarrollo productivo de sus empresas en el país, se han visto imposibilitadas", sostuvo.

El bloque europeo impuso sanciones a siete altos cargos venezolanos a inicio de 2018, con el argumento de que estaban implicados en supuestas violaciones de los derechos humanos.

El 25 de junio, la UE incluyó en su lista negra a otros 11 altos funcionarios, entre ellos, a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, tras las elecciones de mayo en las que fue reelegido el presidente Nicolás Maduro con casi el 68% de los votos.

De igual manera, el comunicado expresa que: "la UE ha confirmado en reiteradas ocasiones su disposición de hallar una salida democrática a la crisis mediante negociaciones constructivas y orientadas a resultados concretos en las que participen todos los actores políticos venezolanos".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, calificó como "estéril" la opción de mantener la presión internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro, si no se crean condiciones para el diálogo.

Ortiz destacó esta nueva postura del Gobierno español, y consideró que parece una buena señal.

"Pareciera haber un intento de cambiar unas posturas previas que existían hace dos años sobre el incremento de medidas en contra del país y realmente estas medidas no generan ningún efecto práctico sino el daño a la nación, el daño a la economía y a la vida cotidiana de los venezolanos", acotó.

El Gobierno venezolano ha sido blanco de sanciones en los últimos años, tanto por países de la Unión Europea como de Estados Unidos.

Una de las más recientes es la medida del presidente Donald Trump emitida el 1 de noviembre, la cual bloquea los bienes e intereses de cualquier persona que opera en el sector del oro de la economía venezolana o cualquier otro sector "cómplice de la corrupción gubernamental". Sputnik

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