También renuncia a la extradición de los exconsejeros Toni Comín (Sanidad), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) y de la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, quienes se encuentran respectivamente en Bruselas (Bélgica) y Ginebra (Suiza) con el fin de eludir la acción de la Justicia española.

Según el comunicado del Supremo, "el juez de la Sala II Pablo Llarena ha dictado un auto en el que rechaza la entrega a España del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont en las condiciones acordadas por el Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania), es decir, para ser juzgado solo por un delito de malversación de caudales públicos pero no por rebelión o sedición".

El magistrado critica "la falta de compromiso" del tribunal alemán al que achaca que, con su decisión, anticiparon "un enjuiciamiento para el cual no tienen cobertura normativa".

Para el juez Llarena, "el control de la doble tipificación por parte del Estado de ejecución debería haberse limitado a comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania, y si justificarían por ello que, de haberse perpetrado en el país de ejecución los hechos que se sospechan, se impulsaría una investigación penal semejante a la que aquí se sigue".

El juez español considera por todo ello que estas circunstancias "no sólo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado, sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento".

En el caso de los exconsejeros que se encuentran en Bélgica, Llarena "discrepa abiertamente de la indicación de suficiencia que trasladamos al Tribunal de ejecución, despreciando el conocimiento que cada órgano judicial tiene de su propio ordenamiento jurídico, además de desconfiar de sus aclaraciones".

"Se muestran así inasumibles las objeciones formales expresadas en la resolución belga", concluye el comunicado del Supremo español.

Puigdemont fue detenido a finales de marzo tras cruzar la frontera alemana procedente de Helsinki (Finlandia) camino de Bruselas (Bélgica), donde, como varios miembros de su gabinete, fijó su residencia tras la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña del 27 de octubre de 2017, con el fin de eludir la acción de la Justicia española, que lo reclama por supuestos delitos de rebelión y malversación de fondos relacionados con la organización del referéndum unilateral de autodeterminación del 1 de octubre de 2017.

El Tribunal de Schleswig-Holstein que juzgó el caso del político independentista aprobó su extradición por supuesta malversación de fondos, pero desestimó el cargo de rebelión. Sputnik

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